Medio: EJU TV
Fecha de la publicación: martes 19 de julio de 2022
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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La intención de los denunciantes, es que en sala plena que garantice el mínimo quórum, tres vocales suplentes a la cabeza de la vocal titular designada por el Presidente, Dina Chuquimia, definan la suerte de las y los vocales del Órgano Electoral: Nancy Gutiérrez Salas, Francisco Vargas Camacho, Oscar Hassenteufel Salazar y Tahuichi Tahuichi Quispe, antes Daniel Atahuichi Quispe.
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El Movimiento al Socialismo (MAS) a través de algunos senadores y diputados del ala dura del partido gobernante activó una estrategia de presión en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a fin de destituir a cuatro vocales, por no dar curso a la expulsión y pérdida de representación legislativa al diputado suplente, Rolando Cuéllar, del oficialismo, por cuestionar el liderazgo de Evo Morales y la falta de renovación en la dirigencia masista.
Fuente: Brújula Digital
La intención de los denunciantes, es que en sala plena que garantice el mínimo quórum, tres vocales suplentes a la cabeza de la vocal titular designada por el Presidente, Dina Chuquimia, definan la suerte de las y los vocales del Órgano Electoral: Nancy Gutiérrez Salas, Francisco Vargas Camacho, Oscar Hassenteufel Salazar y Tahuichi Tahuichi Quispe, antes Daniel Atahuichi Quispe.
“Están desesperadísimos de tomar el control con su instrumento que se llama Dina Chuquimia, que es su punta de lanza (…).Quieren derrocar al TSE porque no hemos accedido a su capricho de quitarle el mandato del señor Rolando Cuéllar”, afirma a Brújula Digital uno de los vocales titulares que prefiere hablar en off mientras se define una respuesta conjunta a esto que han venido a llamar “acoso del MAS”.
La seguidilla de cartas que llegó hasta el TSE para hacer prevalecer la destitución de los vocales ha llevado a los vocales a un análisis interno sobre la presunta ilegalidad de funciones de la vocal Dina Chuquimia, designada directamente por el presidente Luis Arce, ya que el parágrafo II del artículo 206 de la Constitución Política del Estado prohíbe la reelección de vocales.
Dicho artículo de la Constitución señala textual: “El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, quienes durarán en sus funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los cuales serán de origen indígena originario campesino”. El TSE está funcionando con cinco vocales.
El análisis no solo llegó a la situación de la Vocal, única a favor de la expulsión de Cuéllar, sino también al propio Presidente del Estado, quien habría cometido incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE al designar a Chuquimia como vocal del TSE, cuando ya fungió como tal en anterior gestión que concluyó el 2015. “Sería pasible en un futuro de un juicio de responsabilidades por esta designación”, afirma uno de los vocales.
Los parlamentarios denunciantes señalan que los vocales ahora denunciados “innecesariamente han favorecido, inventando actos administrativos que no existen, con el solo fin de negarse a cumplir la ley (…). Han justificado un proceso inexistente para favorecer a un diputado suplente, y de la forma más vergonzosa y ordinaria, con lo cual han puesto en tela de juicio la imparcialidad del TSE”.
Abstención y quórum mínimo
Los denunciantes piden además que los vocales denunciados se abstengan de conformar sala plena para el conocimiento de la denuncia y el proceso y se convoque a sus suplentes: Nelly Arista Quispe, Yajaira San Martín Crespo y Carlos Eduardo Gómez Rojas a “efectos de constituir el quórum mínimo de sala plena, sea de inmediato para el cumplimiento de plazos procesales”.
La denuncia por presuntas “faltas graves” interpuesta por los asambleístas Pérez y Choque se realiza en momentos en que las pugnas internas del MAS se profundizan, y tras la denuncia pública realizada por el diputado Cuéllar, quien sacó a la luz pública una carta de agradecimiento dirigida al narcotraficante argentino José Miguel Farfán y firmada presuntamente por el vicepresidente del MAS; Gerardo García, quien a su vez negó el extremo.
El narcotraficante fue extradito a su país en 2019 acusado de pertenecer a una red internacional de crimen organizado. En el documento firmado presuntamente por Gerardo García, segundo hombre del MAS, se agradece a Farfán por los “aportes generosos a la campaña electoral”.
La Ley 1096 de organizaciones políticas establece que una de las causales para cancelar la personalidad jurídica de un partido es vulnerar las restricciones referidas al financiamiento. Además indica que una organización política no puede recibir aportes financieros de origen ilícito.
