Apoco de asumir como presidente del país, Luis Arce, secundado por todo el aparato estatal, inició una cruzada para implantar, ante la opinión pública nacional e internacional, el cuento de que en noviembre de 2019 se produjo un golpe que impuso un gobierno de facto en Bolivia. El empeño puesto en esta cruzada, podría explicar que solo recientemente el Presidente Arce haya tomado conocimiento del rezago que tenían las tareas pre-censales.

En efecto, hasta hace poco, el Presidente parecía convencido de que todo marchaba viento en popa y que la realización del Censo estaba garantizada. En tal sentido, el 9 de junio ratificó su confianza al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), luego de que éste presentara su renuncia. Sorprendentemente, un mes después, se anunció que el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) “decidió por consenso” solicitar la postergación del censo “hasta mayo o junio de 2024”.

Es así que, de manera inesperada, los bolivianos escuchamos la narración de un nuevo cuento: que la guerra que Rusia le ha declarado a Ucrania, el Covid-19, las lluvias que se presentan en noviembre, la necesidad de socializar la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de coordinar (ahora sí) la cartografía con los municipios, la temporada de zafra, las vacaciones escolares, la luminosidad de la vía láctea, etc., etc., afectarían el proceso y, por tanto, lo adecuado es postergarlo... quién sabe hasta cuándo.

Si no causaran indignación, los argumentos utilizados para justificar la referida postergación, serían cómicos, porque es evidente que el CNA fue convocado para dar un baño de institucionalidad democrática a una decisión que ya estaba tomada y a la que no se ha dado una explicación satisfactoria. En particular, no se ha conocido la posición del INE, que debería defender el trabajo realizado, sobre todo si hace pocas semanas su Director afirmaba que el Censo estaba garantizado. Esto parece indicar que las instituciones responsables de preparar y realizar el Censo, vale decir el Ministerio de Planificación y el INE, mantuvieron engañado al Presidente todo este tiempo. En cualquier país serio, esta situación habría hecho rodar varias cabezas, pero lamentablemente eso no pasa en el nuestro.

Al anunciar la postergación, el presidente Luis Arce dijo que la medida busca que “todos estén absolutamente seguros de que se construya esta herramienta y se convierta en aquella que permita tener una mejor planificación a nivel de los gobiernos nacional, departamentales y municipales”. Encomiable propósito que, sin embargo, no oculta lo mal parado que queda el presidente Arce, pues él debió ser el primero en asegurarse de que las tareas para garantizar ese buen resultado, fueran cumplidas con anticipación suficiente para que el censo se realice en la fecha originalmente prevista, cumpliendo la norma internacional de hacerlo cada 10 años. De haberlo hecho así, se hubiera evitado que María Nela Prada, Álvaro Ruiz y Sergio Cusicanqui, autoridades del Ministerio de la Presidencia y de Planificación del Desarrollo, descuiden sus obligaciones para convertirse en narradores (no muy exitosos, por cierto) de un nuevo cuento, que daña una vez más la imagen de su gobierno y de nuestro país.