Es preocupante la nueva arremetida política del masismo, que vuelve a emplear la vieja fórmula en que ya pocos o nadie creen: el inventado “golpe de Estado”, que según el político Evo Morales habría ocurrido en noviembre de 2019, y su penalización, con la incondicional ayuda de un Ministerio Público partidizado y una justicia sumisa y obsecuente ante el poder.

En efecto, un “Comité Impulsor” de juicios por el presunto “golpe de Estado”, compuesto por masistas, ha presentado ayer en Sucre una querella contra políticos y cívicos que participaron en las movilizaciones de 21 días, tras el fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre, que derivaron en la fuga del expresidente Evo Morales y de sus más fieles servidores, con el consiguiente vacío y vacancia de poder, que fue resuelto mediante la sucesión constitucional de la expresidente Jeanine Áñez, quien ha recibido una condena de 10 años en el juicio por el caso “Golpe I”. 

Ahora, el MAS quiere sentar en el banquillo de los acusados a Jeanine Áñez, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Sánchez Berzaín, Erick Foronda, Yuri Calderón, Williams Kalimán, Carlos Alarcón, Ricardo Paz, Waldo Albarracín, Marco Antonio Pumari, Luis Revilla, Iván Arias, Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, José Luis Parada, Yerko Núñez, Roxana Lizárraga, Álvaro Coimbra y otros excolaboradores de la expresidenta que guarda detención en el penal de Miraflores.

Según el mencionado Comité, se ha planteado la denuncia por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atribuirse la soberanía del pueblo, conspiración, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio, que habrían sido cometidos por los políticos, cívicos y exministros mencionados entre octubre y noviembre de 2019. 

Al respecto, cabe apuntar que esta nueva querella apunta a consolidar la estrategia masista de eliminar la oposición y la disidencia en el país mediante juicios por delitos inventados pero rápidamente perseguidos por la Fiscalía y por los cuales los acusados seguramente recibirán condenas de jueces genuflexos ante el poder, como ha sucedido en el inconstitucional e ilegal proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez. Como Morales no pudo concretar su retorno al Palacio Quemado en 2019, mediante el irracional vacío de poder que creó al instruir que quedara desierta la línea de sucesión constitucional, hoy ha convertido a la justicia cuestionada en el instrumento de su venganza contra Áñez y todos los opositores, que encontraron un camino hacia la sucesión constitucional y frustraron los burdos planes del cocalero. 

Morales quiere descabezar a la oposición y dejar libre el camino para el ejercicio de un poder sin limitaciones, es decir, un régimen de tinte autoritario. Un verdadero demócrata sabe que la disidencia no es mala per se, sino que ayuda al debate y a la confrontación de ideas y posiciones; en el esquema de Morales, la disidencia es negativa, porque puede contrariar al poder absoluto, prácticamente monárquico, del que gobierna, como ocurre en los sindicatos o en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Otra vez el MAS quiere tensar demasiado la cuerda, lo cual puede traer serios problemas de gobernabilidad.