Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos fustigaron, por separado, el nuevo proceso que se formalizó este miércoles en la Fiscalía contra líderes de la oposición que participaron en las jornadas de protestas y paro cívico de 2019.

El diputado de CC, Carlos Alarcón, uno de los denunciados, consideró que el nuevo proceso es para “tapar” el abandono del expresidente Evo Morales a sus funciones luego de su renuncia al cargo en en medio de las movilizaciones de ese entonces.

“Primero con el Golpe I nos acusa de terroristas, como no pegó en la población este absurdo, ahora su nuevo invento es de genocidas, después que será? no se sorprendan si nos acusa de violadores o pedófilos. (sic)”, añadió mediante sus redes sociales.

El Comité Impulsor del juicio por el denominado "Golpe de Estado" presentó en Sucre una denuncia contra Carlos Mesa, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el expresidente Jorge  Quiroga, el político Samuel Doria Medina, la exmandataria Jeanine Añez y sus ex ministros, entre otros, por los  delitos de alzamiento armado y genocidio cometidos durante la crisis de 2019.

La diputada de Creemos, María René Álvarez, dijo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa “tergiversando la realidad de los hechos” de 2019 con el afán de “tapar” las pérdidas millonarias en laudos arbitrales que dejan al país en una situación de “vergüenza internacional” y además por el “fracaso del Censo”.

“El denominado Golpe I es un montaje del MAS, es un fraude procesal que el Gobierno no va a poder sostener, no se puede ir contra la verdad y contra la voluntad de todo un pueblo boliviano que lucha a diario porque se le respeten la democracia y la libertad”, sostuvo.

El jefe de bancada de CC en el Senado, Guillermo Seoane, coincidió en señalar que se busca “evitar”  que se discuta la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)  por un laudo arbitral en el que obliga a Bolivia a indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con $us 105 millones por el "retraso injustificado" en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.