La acusación preferida del gobierno del MAS para destruir la institucionalidad de la administración pública, tanto nacional como de las gobernaciones y los gobiernos locales, es la de incumplimiento de deberes. No voy a entrar a la discusión de los embrollos legales de este concepto, porque no es mi campo de especialización ni creo tener competencias en su disección. Mi aproximación a la discusión será más bien escolar, como la del maestro que ha dado una tarea a sus alumnos y que los más flojitos no le han entregado, a veces con argumentos tan divertidos como el de que el perro se la había comido.

Claramente el INE no ha hecho su tarea de preparar adecuadamente el censo. Las explicaciones que se han dado son poco convincentes. Faltaba solamente la de que un perro se comió la cartografía. Con gran arrogancia, no se quiso coordinar con los gobiernos subnacionales. Posiblemente era cierto que no tenía una obligación legal, pero era de sentido común escucharlos y, en su caso, disuadirlos de sus pretensiones mediante el diálogo. El año 2024 encontrarán otro pretexto para no realizar el censo.

No toda la culpa debe recaer en el INE. El gobierno falló en su política de comunicación. No explicó a la población la importancia de tener un censo, técnicamente bien hecho, para el diseño de políticas de desarrollo y especialmente de políticas sociales. Tenía que aminorar el énfasis en los aspectos distributivos y de la puja por recursos públicos, que se tenía en algunos departamentos y
municipios.

Población es un criterio importante para la coparticipación en las rentas nacionales, pero no es el único. Se ha de tomar en cuenta también la satisfacción de las necesidades básicas y la pobreza en algunas regiones del país. Tampoco se debe dejar de lado que los parlamentarios son representantes nacionales y no sólo regionales. Tienen que velar por los intereses del país entero y no focalizarse sólo en su campanario.

Pero no es únicamente el censo que no se hará con la debida oportunidad. Un indicador, crucial para planificar las actividades económicas en la coyuntura actual es el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) que, por lo menos en teoría, tiene que ser publicado cada mes. El último IGAE es de diciembre de 2021. ¿Qué pasa?

Con mayor razón no hay datos del PIB del primer trimestre de este año. En épocas pretéritas, es informe estaba listo al terminar el segundo trimestre. No sabemos en qué se basa la abrumadora propaganda alabando los méritos del Modelo de Cuatro Pisos, Económico Social Comunitario Productivo. Los mal pensados de nuestro país dirán que no se publica el IGAE porque mostraría datos de que no estamos tan bien como se dice.

Tampoco se sabe muy bien si el Procurador del Estado ha cumplido con sus deberes. En vez de preparar juicios descabellados contra las exautoridades del Estado o ponerse a recontar los votos para descalificar la auditoría de la OEA, debería dedicarse a defender el país en las instancias internacionales. Ese mandato debe estar, si no lo está, en los términos de referencia de su empleo. Lo ocurrido con la decisión del Ciadi, que obliga al país a pagar $us 105 millones es escandaloso y muestra la desidia de esa procuraduría y la distracción de su tiempo y esfuerzo en solamente molestar a los que no son de su partido. El Procurador debe ser el funcionario público mejor pagado para confeccionar memes contra la prensa y la oposición. Los guerreros digitales del MAS deberían protestar por esta desleal competencia.

Como en el caso del INE, la culpa no es enteramente del procurador ni de su procuraduría. Las nacionalizaciones, incluida la de las AFP, tienen el pecado original de no haber sido pensadas en todas sus implicaciones. No se les pasó por la cabeza a los nacionalizadores que las empresas afectadas irían a responder con arbitrajes y juicios. Tampoco pensaron en que los inversores extranjeros tienen un arma poderosa, que es la de dejar, como grupo, de invertir en países que no respetan ni reglas ni contratos. Decir, sin base seria alguna, que las privatizaciones costaron más que las indemnizaciones, como lo hacen algunos diputados del MAS,
no contribuye a un debate sereno sobre el costo de las nacionalizaciones.