La ley N° 1.443 promulgada el 4 de julio tiene un bonito título, pero es una norma vacía. Se la ha denominado “de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de Infante…”, pero su contenido esencial prácticamente se agota en el mayor rigor punitivo del estado en contra, no tanto de los delincuentes, sino de los jueces que conozcan esas causas y cometan en su juzgamiento los delitos de “prevaricato” y de “consorcio”.
El origen próximo de esta norma no está, como dijeron personeros gubernamentales, en un supuesto plan de reforma judicial, sino en el escándalo público que desató en enero el accionar de jueces, fiscales e incluso consejeros que liberaron ilegalmente al feminicida Richard Choque, descubierto cometiendo más feminicidios luego de que el juez Rafel Alcón, hermano del presidente del Consejo de la Magistratura, le otorgara “detención domiciliaria” y que similares liberaciones ilegales se habían producido en más de un centenar de casos de asesinos condenados a 30 años de presidio, sin derecho a indulto. El repudio y las protestas fueron masivas y ante ello el gobierno se apresuró a conformar “comisiones”, “intervenir juzgados” y apresar a algunos jueces.
El corolario final de toda esta improvisación gubernamental, nos queda claro, es la promulgación de la ley 1.443, por la que, básicamente, se incrementa la pena de los jueces prevaricadores de 8 a 20 años, prohibiendo al mismo tiempo a los juzgadores otorgar detenciones domiciliarias a los condenados o conceder libertad provisional a los procesados; todo ello en los delitos señalados de feminicidio, infanticidio y violación de infante.
El abogado Arturo Yáñez calificó correctamente la acción gubernamental como de “populismo penal”, lo que suscribimos plenamente, añadiendo que el populismo punitivo es, precisamente, la respuesta improvisada y vacía de parte de los gobernantes frente a la delincuencia atroz que, por su impunidad y recurrencia, genera el repudio popular y la demanda de mano dura. En esos momentos de impotencia y de dolor, la sociedad exige la pena de muerte, la cadena perpetua o la castración química, cuando no opta por acciones violentas, como los linchamientos, buscando “justicia”, por mano propia.
Y ese camino, el del populismo penal, es el que ha tomado el gobierno del presidente Arce, mal asesorado, para encubrir las carencias de la administración de justicia y la falencia de políticas públicas preventivas sin instituciones sólidas, ni personal capacitado ni recursos suficientes y que, por lo mismo, no acompañan a varias leyes, como la 348, pretendidamente protectivas de mujeres, niñas y niños.
Ya en el año 2016 el populismo penal fue oficializado por los gobernantes, cuando el vicepresidente García Linera pidió, en una “Cumbre judicial” en Sucre, que se implantará la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores. Ya entonces se intentó utilizar el clamor y el repudio de la gente para ganar popularidad y votos en el vacío estatal de políticas integrales y en medio de la tragedia de los hogares de las víctimas.
La pena capital no ha reducido ni un ápice los crímenes violentos en Estados Unidos, y tampoco la cadena perpetua lo ha hecho en varios países europeos. Universalmente se ha comprobado que no se acaba el delito eliminando a los delincuentes, y que el agravamiento de las penas es igualmente inútil.
Peor cuando ahora nuestros gobernantes nos dicen que el endurecimiento de las penas, vale decir el populismo penal, es parte de la reforma judicial oficialista, siempre cambiante y siempre postergada.
Es que además la postura es cínica. Recordemos que los jueces prevaricadores a los que ahora se quiere encerrar por 20 años, son los que el gobierno seleccionó y eligió primero en “elecciones” que suplantaron el voto popular con la manipulación de candidatos, algunos de apellido Alcón, que llegaron así a la cúspide del Consejo de la Magistratura, y después con jueces ajenos a la carrera judicial, pero muy próximos al gobierno, nombrados por ese mismo Consejo y también apellidados Alcón. Muchísimos operadores de justicia actual, con otros apellidos, tienen antecedentes parecidos.
No, nuestra sociedad no requiere jueces encarcelados, lo que necesita con urgencia son jueces independientes e idóneos, con sueldos dignos y condiciones de trabajo, designados por sus méritos y ya no por sus afinidades partidarias.
No necesitamos leyes vacías, ni populismo penal alguno. Está claro que requerimos una reforma judicial verdadera, vía Referendo por iniciativa ciudadana.