Se ha abierto un nuevo escenario de confrontación en torno a la realización del censo. El Gobierno ha comenzado a atacar a Santa Cruz, al atribuir la responsabilidad del posible paro al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, ha declarado que un día de huelga en la capital económica del país representa pérdidas por alrededor de 32 millones de dólares. El vocero Jorge Richter ha expresado también su desacuerdo con la medida de presión, al señalar que el escenario del diálogo está abierto, aunque en el oficialismo se rechaza el ultimátum establecido por la asamblea de instituciones cruceñas para que se anule la postergación del censo. 

En contrapartida, y en cumplimiento de una de las resoluciones centrales de la Asamblea de la Cruceñidad, la brigada parlamentaria de esa región ha presentado querellas contra quienes considera responsables del diferimiento del censo, inicialmente previsto para el 16 de noviembre de este año. Los acusados por los parlamentarios orientales son el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el director interino del Instituto Nacional de Estadística, Gastón Elías Cordero, por la postergación del censo hasta 2024. 

En reacción a las resoluciones cruceñas, los interculturales de esa región, afines al masismo, han anunciado un revocatorio para el gobernador Camacho si finalmente se realiza el paro desde el próximo lunes 25. También desde el Gobierno se acusa al Gobernador de esa región de una deficiente gestión que tan sólo ha ejecutado, hasta la fecha, el 9 por ciento del presupuesto departamental para la inversión pública, en tanto que el resto presuntamente ha sido destinado al gasto corriente.  

En medio de este nuevo conflicto, se culpa al Ejecutivo de haber mentido al asegurar, unas semanas antes de la postergación, que la etapa precensal estaba tan avanzada que ya se contaba con un 90 por ciento de la boleta y que la cartografía estaría concluida en pocos meses, en la fecha prevista, de tal modo que el censo se realizaría el 16 de noviembre. Pero todo esto no era cierto, porque de lo contrario no se hubiera buscado el diferimiento. 

Pese a las posiciones encontradas, voces más serenas y reflexivas abogan por la realización del censo no en 2024, porque es un plazo excesivo, sino hasta el primer semestre de 2023. Es la salida equilibrada, salomónica, sin apelar a un plazo excesivo, que despierta sospechas de manipulación electoral y política -opositores aseguran que el MAS busca efectuar las elecciones de 2025 con los datos del desactualizado Censo 2012, favorables al oficialismo-, ni tan corto que no permita realizar las tareas necesarias para la puesta a punto del proceso.