La nueva fecha para el Censo de Población y Vivienda previsto, como máximo, entre los meses de mayo y junio de 2024, de acuerdo con el Decreto Supremo (DS) 4760 del 13 de julio de este año, deja tensión por el anuncio del paro cívico cruceño para este próximo lunes. A su vez, abre la posibilidad de un diálogo al que convocó el Gobierno central, pero también desde la gobernación de Santa Cruz, aunque aún no fueron oficializados.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que el presidente Luis Arce se reunirá este viernes con los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto y los rectores de las universidades que reciben recursos del Estado. De acuerdo con diferentes fuentes, la agenda es abierta y se abordará el tema del censo.
Según un comunicado de prensa, con los rectores se abordará temas académicos y educativos mientras que con los alcaldes, que forman parte de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), se tratará proyectos y temas productivos.
Alcón también explicó que hasta el momento no llegó al Ejecutivo ninguna invitación por parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz para tratar el calendario censal y evitar el paro cívico anunciado para este lunes. Más antes, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, informó del envío de una misiva para la reunión.
Entre tanto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ratificó el plazo de cinco días, que se cumple el lunes 25 de julio para ir al paro si el Gobierno no responde al diálogo y abroga el DS 4760 para la postergación del Censo. Desde la Policía garantizaron el libre tránsito de la población ante el anuncio de la medida de presión.
Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, citado por ABI, señaló que el Ejecutivo está abierto al diálogo, pero sugirió a Camacho discutir el calendario censal con los ocho gobernadores y alcaldes de ciudades capitales que conforman el Consejo Nacional de Autonomías.
“No es con nosotros con quien tiene que discutir el tema y ellos (Consejo de Autonomías) no son nuestros empleados”, remarcó.
Aclaro, sin embargo, que si es un pedido de todo el Consejo “nos sentamos y dialogamos”, pese a que el 12 de junio se determinó, en una reunión a la que no asistió la primera autoridad del departamento de Santa Cruz, la reprogramación del Censo que en principio estaba previsto para el 16 de noviembre de este año.
“No pasa por un capricho cambiar (la fecha de la jornada estadística), es un tema de gobernaciones y alcaldías, no del gobierno central”, insistió.
En medio de la polémica, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Enrique Leaño, citado por ERBOL, consideró “inviable” que se fije otra fecha, mientras que en La Paz el alcalde Iván Arias reiteró que es posible hacerlo en 2023 y suma apoyo de otros sectores en el país, incluso de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Si hubieran estado en la reunión (autoridades de Santa Cruz), hubieran escuchado las explicaciones muy coherentes y técnicas que se han dado por las razones por la cual se ha postergado para el segundo trimestre del 2024”, dijo el presidente de la FAM y también Alcalde de Sucre.
Dijo también que en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías se consensuó postergar el Censo a 2024, a solicitud de representantes de Beni y Pando y que el Gobierno no impuso la decisión, sin embargo, el gobernador beniano, Alejandro Unzueta, negó que haya propuesto el año para su realización.
A su turno Arias planteó que el proceso se puede llevar adelante el próximo año porque el INE tiene un avance del 30% en la cartografía y en siete meses puede avanzar con esto.
En Santa Cruz existen voces de rechazo al paro cívico. Diferentes sectores como los transportistas y gremiales advirtieron que no acatarán la medida de presión y procederán con el desbloqueo. Incluso, amenazaron con la toma de las empresas del gobernador de Santa Cruz y el parque industrial para que todas las fábricas “paralicen sus operaciones”.
Para el Gobierno no solo se afectará la economía departamental sino la nacional. También se advirtió de un intento de confrontación y acusan a Camacho.
Desde otras regiones también se pronunciaron advirtieron que a pesar de la distancia geográfica la extrema medida repercutirá en su economía de forma negativa.