Brújula Digital |18|07|22|

El Movimiento al Socialismo (MAS) a través de algunos senadores y diputados del ala dura del partido gobernante activó una estrategia de presión en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a fin de destituir a cuatro vocales, por no dar curso a la expulsión y pérdida de representación legislativa al diputado suplente, Rolando Cuéllar, del oficialismo, por cuestionar el liderazgo de Evo Morales y la falta de renovación en la dirigencia masista.

La intención de los denunciantes, es que en sala plena que garantice el mínimo quórum, tres vocales suplentes a la cabeza de la vocal titular designada por el Presidente, Dina Chuquimia, definan la suerte de las y los vocales del Órgano Electoral: Nancy Gutiérrez Salas, Francisco Vargas Camacho, Oscar Hassenteufel Salazar y Tahuichi Tahuichi Quispe, antes Daniel Atahuichi Quispe.

“Están desesperadísimos de tomar el control con su instrumento que se llama Dina Chuquimia, que es su punta de lanza (…).Quieren derrocar al TSE porque no hemos accedido a su capricho de quitarle el mandato del señor Rolando Cuéllar”, afirma a Brújula Digital uno de los vocales titulares que prefiere hablar en off mientras se define una respuesta conjunta a esto que han venido a llamar “acoso del MAS”.

La seguidilla de cartas que llegó hasta el TSE para hacer prevalecer la destitución de los vocales ha llevado a los vocales a un análisis interno sobre la presunta ilegalidad de funciones de la vocal Dina Chuquimia, designada directamente por el presidente Luis Arce, ya que el parágrafo II del artículo 206 de la Constitución Política del Estado prohíbe la reelección de vocales.

Dicho artículo de la Constitución señala textual: “El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por siete miembros, quienes durarán en sus funciones seis años sin posibilidad de reelección, y al menos dos de los cuales serán de origen indígena originario campesino”. El TSE está funcionando con cinco vocales.

El análisis no solo llegó a la situación de la Vocal, única a favor de la expulsión de Cuéllar, sino también al propio Presidente del Estado, quien habría cometido incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE al designar a Chuquimia como vocal del TSE, cuando ya fungió como tal en anterior gestión que concluyó el 2015. “Sería pasible en un futuro de un juicio de responsabilidades por esta designación”, afirma uno de los vocales.

El senador Hermo Pérez y el diputado Pascual Pacífico Choque Gallego, ambos del departamento de Cochabamba y principales demandantes en memorial presentado el 6 de julio, señalan que el 3 de marzo se hizo conocer al TSE la expulsión del diputado suplente Rolando Américo Enríquez Cuéllar, por “la falta muy grave de transfugio” y que se solicitó al Órgano Electoral la baja de la militancia y baja del registro como militante del MAS. 

Sin embargo los vocales ahora denunciados consideraron que no se cumplió con el debido proceso, porque el estatuto del MAS viola el principio de legalidad. A la par decidieron esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia ante la cual interpuso una acción directa de inconstitucional el diputado Cuéllar, quien consideró que se vulneraron sus derechos.

Los asambleístas denunciantes esperaban que el TSE admita sin más trámite la expulsión de Cuéllar de las filas del MAS, sin realizar ningún tipo de valoración, ni de forma y menos de fondo respecto a la sanción. Esta posición fue compartida por Chuquimia, quien consideró que sus colegas no tenían por qué tratar el fondo del asunto.

Al no obtener respuesta del TSE, el 14 de julio los mismos asambleístas, Pérez y Choque, reiteran la denuncian, esta vez por "encubrimiento e incumplimiento de deberes" y amenazan con procesos disciplinarios y penales a los cuatro vocales que no dieron curso a la expulsión de Cuéllar.

Consideran que transcurrieron más de seis días sin noticias de parte del TSE, lo cual se constituye a su criterio “una burla a la justicia y una ofensa al pueblo de Bolivia”.

“Exijo el cumplimiento estricto a la norma legal electoral y se me notifique de inmediato con la admisión de la denuncia; asimismo anuncia que presentaré otra denuncia disciplinaria y penal en contra de ustedes porque no pueden hacerse la burla del país”, señala la carta firmada por Pérez y Choque a la que accedió este medio.

Acto seguido, la senadora Yolanda Ponce (MAS), el 14 de julio ingresa una nota al TSE solicitando se le comunique de manera escrita la fecha, hora y la conformación de sala plena para tratar la denuncia presentada por los asambleístas Pérez y Choque. “Como versa el artículo del reglamento disciplinario para vocales electorales, la denuncia ya fue admitida al no existir respuesta alguna”.

En una senda carta de denuncia, un funcionario de la Asamblea Legislativa Plurinacional de nombre Fernando Torrico hace una correlación de hechos y respalda la denuncia de los asambleístas.

“En cumplimiento al principio de igualdad de actos procesales, la presente denuncia se acumule a la denuncia primigenia a efectos de que se concentre en un mismo acto y para no estar vulnerando derechos de ninguna de las partes”, señala la carta.

Los parlamentarios denunciantes señalan que los vocales ahora denunciados “innecesariamente han favorecido, inventando actos administrativos que no existen, con el solo fin de negarse a cumplir la ley (…). Han justificado un proceso inexistente para favorecer a un diputado suplente, y de la forma más vergonzosa y ordinaria, con lo cual han puesto en tela de juicio la imparcialidad del TSE”.

Abstención y quórum mínimo

Los denunciantes piden además que los vocales denunciados se abstengan de conformar sala plena para el conocimiento de la denuncia y el proceso y se convoque a sus suplentes: Nelly Arista Quispe, Yajaira San Martín Crespo y Carlos Eduardo Gómez Rojas a “efectos de constituir el quórum mínimo de sala plena, sea de inmediato para el cumplimiento de plazos procesales”.

La denuncia por presuntas “faltas graves” interpuesta por los asambleístas Pérez y Choque se realiza en momentos en que las pugnas internas del MAS se profundizan, y tras la denuncia pública realizada por el diputado Cuéllar, quien sacó a la luz pública una carta de agradecimiento dirigida al narcotraficante argentino José Miguel Farfán y firmada presuntamente por el vicepresidente del MAS; Gerardo García, quien a su vez negó el extremo.

El narcotraficante fue extradito a su país en 2019 acusado de pertenecer a una red internacional de crimen organizado. En el documento firmado presuntamente por Gerardo García, segundo hombre del MAS, se agradece a Farfán por los “aportes generosos a la campaña electoral”.

La Ley 1096 de organizaciones políticas establece que una de las causales para cancelar la personalidad jurídica de un partido es vulnerar las restricciones referidas al financiamiento. Además indica que una organización política no puede recibir aportes financieros de origen ilícito.

BD