a Constitución Política del Estado establece en el Artículo 7: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”. El Soberano salió a las calles para exigir el cumplimiento del referéndum del 21F de 2016. Morales no respetó el resultado del referéndum y se postuló por TERCERA VEZ. Pero ante las denuncias sobre fraude electoral, renunció, abandono su cargo de Presidente, dejando un vacío de poder. Entonces, ipso facto asumió Jeanine Añez como Presidenta Constitucional de Bolivia.

Morales violó el Art. 168, pues en 2014 se postuló a un tercer mandato mediante Declaración Constitucional 003/2013 del 25 abril 2014, argumentando la “Refundación” de Bolivia, obviando que se la creó en 1825. En 2016 para perpetrarse en el poder Morales preguntó al Soberano sobre la reforma del Art. 168, en busca del tercer mandato consecutivo, ¡Bolivia dijo NO! en el referéndum del 21F. Pero instrumentalizó al Tribunal Constitucional y obtuvo la Sentencia Constitucional 0084/2017, declarando que la reelección es un “derecho humano”. Sin embargo, después la Corte Interamericana de DDHH determinó que la reelección NO es un “derecho humano”, por tanto, la postulación de Morales fue INCONSTITUCIONAL. Entonces el Soberano salió a las calles a exigir el cumplimiento del resultado del referendo del 21F. En octubre de 2019 hubo convulsión por el FRAUDE, ante ello Morales solicitó una auditoría vinculante a la OEA. El 10 de noviembre la OEA publicó esa auditoría que mostraba el fraude, tal documento fue respaldado por los veedores de la Unión Europea.

Ante esta crisis institucional, “por pedido de la COB, Conalcam y la Iglesia” el presidente Evo Morales renunció, porque en Bolivia se desataban actos de violencia brutal. El 10 de noviembre se asilaron 20 autoridades masistas del Legislativo y Ejecutivo en la embajada de México, ofrecieron asilo a Evo Morales, al que solo le restaba 2 meses y 1/2 de mandato. El 10 de noviembre de 2019 el país quedó sin Legislativo, Ejecutivo y sin Tribunal Electoral, porque Morales, García Linera, casi todo su gabinete, las directivas congresales, renunciaron en masa por órdenes de Morales y Bolivia enfrentaba la crisis institucional más profunda de su historia reciente, encaminándose al abismo.

La Declaración Constitucional 003/2001 del Tribunal Constitucional sigue vigente y establece la sucesión presidencial “ipso facto” y causa estado y sienta jurisprudencia. La Ley 1.266 de 2019, promulgada por Añez junto a Eva Copa y Sergio Choque, anulaba el FRAUDE y convocaba a nuevas elecciones. Seleccionó nuevos vocales nacionales y departamentales del Órgano Electoral. En el informe oral del fiscal Lanchipa, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, del 8 de octubre de 2020, varias veces respondió que se presumía plena constitucionalidad de Añez. Y la Ley 1.270 Excepcional prorrogó el mandato de autoridades, no solo reconociendo y extendiendo el mandato de la Presidenta, sino de autoridades de gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales. Y a pesar del fraude electoral, miles de servidores públicos tuvieron un año más de gestión, por lo que Copa, Choque y todos los asambleístas estuvieron casi 6 años en funciones.

La reciente declaración de Jorge Tuto Quiroga en la Fiscalía establece que se instrumentó al Poder Judicial para detener a la expresidenta Jeanine Añez y lavar la imagen de Morales que renunció a su cargo, que se fue del país, dejando vacío de poder. Ahora pretende controlar su partido mediante “dedazo”, defenestrar a Choquehuanca, intentar eliminar a opositores con mentiras. Pero las pruebas contundentes de Quiroga ratifican que hubo el MEGAFRAUDE en 2019 y hubo sucesión constitucional, aprobada por Morales.

En Bolivia se dio la sucesión constitucional y Añez convocó a las elecciones que ganó Luis Arce. Desde el poder se impulsó la falsa narrativa del golpe inventado, sin tomar en cuenta que puede ser objeto de cuestionamiento el mandato de Arce, porque si la Presidenta que le entregó el poder fue inconstitucional, también la elección del actual Primer Mandatario es inconstitucional. La Asamblea Legislativa, el TCP masista, el TSJ, el TSE y la Fiscalía también son inconstitucionales, por tanto, sus actos y las 78 leyes promulgadas durante la transición de Añez y Copa, que contaron con el apoyo de los 2/3 de legisladores masistas, son NULOS.