La postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda hasta el 2024, marca un nuevo atentado del centralismo contra las bases de la unión de la nación boliviana, la cual debe tener como fundamento la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos del país. No es sólo un tema de Santa Cruz sino de conocer la realidad del país y reconocer cuales son los principales elementos que configuran las condiciones de vida de sus habitantes para priorizar las inversiones públicas y privadas en la atención de sus necesidades. Bolivia no debe llegar a su Bicentenario sin que ya se estén aplicando los resultados del nuevo censo.

Postergar el censo hasta el 2024 prolongará la aplicación de sus resultados hasta el 2027, por lo menos. El 2025 se deben realizar elecciones nacionales y el 2026 elecciones municipales y departamentales, por lo que difícilmente el gobierno nacional querrá afrontar el debate sobre la redistribución de recursos y la reasignación de la representación parlamentaria en años electorales. Si tomamos en cuenta todos los defectos del censo 2012, el cual no gozó de credibilidad por la falta de una adecuada cartografía previa y por las sucesivas modificaciones que sufrieron sus resultados (supuestos ajustes), en realidad se tiene un rezago superior a los 20 años en la información resultante de la muestra censal. Peor aún, los resultados del Censo 2012 nunca fueron aplicados en su totalidad dado que no se llegó a aprobar el Pacto Fiscal, tal cual determina la Ley Marco de Autonomías, aprobada el 2010.

Muchos creen que este es sólo un problema de Santa Cruz, y que todos pierden para que Santa Cruz gane, por lo que la lamentable foto del último Consejo Nacional de Autonomía, en la cual las autoridades del gobierno central y ocho gobernadores “consensuaron” la postergación, pareció reeditar la consigna de ocho departamentos contra uno, lo cual solo profundiza el sentimiento de que aunque se habla de unidad en realidad se impone un falso acuerdo nacional en el cual se violan los derechos de cerca de un tercio de los bolivianos que residen en el departamento cruceño.

En el fondo, los resultados del censo implican conocer la verdadera realidad de las condiciones de vida de cada boliviano, de cada familia, de cada población. Sus resultados no sólo deben apreciarse como un juego de suma cero en el cual todos pierden para que uno gane. Al interior de cada uno de los nueve departamentos también existen muchos movimientos demográficos, por lo cual, por ejemplo, con la postergación pierden principalmente todas las ciudades intermedias y todas las ciudades capitales de departamento, que reciben importantes corrientes migratorias debido al acelerado proceso de urbanización que experimenta Bolivia.

Aunque el Censo es mucho más que la redistribución de recursos de coparticipación tributaria y la reasignación de diputados, no nos debemos olvidar que tanto los recursos públicos como los representantes parlamentarios corresponden a los ciudadanos, y deben asignarse según donde vivan las personas, pues es para atender sus necesidades que se procura que exista un sistema político y fiscal que preserve el principio de proporcionalidad y de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

No es postergando el censo que se logrará el progreso de los departamentos menos desarrollados y se evitará el despoblamiento de las áreas rurales o de algunas regiones del país, sino principalmente mediante políticas públicas que generen condiciones adecuadas para la atracción de inversiones y la creación de empleos sostenibles en los espacios territoriales que hoy sufren la migración de su población en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Y si de recursos se trata, habría que exigirle al gobierno nacional, que en lugar de crear tantas empresas públicas deficitarias, se impulsen proyectos de infraestructura que generen las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo productivo de todos los departamentos, según sus mayores potencialidades.

Aún se está a tiempo de evitar un nuevo golpe a la integración de la nación boliviana. El censo debe realizarse en el 2023, como máximo, para que sus resultados oficiales se conozcan y apliquen antes de que termine el actual periodo constitucional.