El 7 de junio vecinos de Mairana fueron alertados por gritos de una mujer que era sometida a una feroz golpiza y acudieron en su auxilio. Casi a la medianoche la gente salió en su defensa y halló a un hombre ebrio en la casa del barrio golpeando a su esposa. Resultó ser Gilberth Tapia Córdoba, concejal municipal por el MAS.

Los vecinos se vieron obligados a llamar a la Policía, cuyos agentes llegaron y capturaron al agresor. El concejal opuso resistencia y agarró a golpes a los policías, pero luego fue derivado a la Fiscalía.

Las pesquisas se iniciaron y el fiscal Jorge Caballero, recibió la declaración y lo aprehendió.
Desde ese momento los movimientos sociales se movilizaron en apoyo al acusado dejando a un lado a la víctima tildándola de mentirosa.

Rescatado por afines al MAS

El fiscal Jorge Caballero imputó a Gilberth Tapia por violencia familiar, doméstica y sicológica y lo presentó ante el juez de Samaipata Cimar Martínez y pidió su detención. Al final el juez ordenó detención por 60 días en la cárcel de Vallegrande. Al juzgado ingresaron movimientos sociales y cuando salió escoltado por policías, gente cercana al mismo partido político lo rescató y los policías quedaron mirando.

La Policía identificó al hermano del concejal, ex recluso procesado por violencia de dirigir la rebelión y de rescatar a Gilberth Tapia.
Al siguiente día el concejal se presentó en la Policía de Mairana con los movimientos sociales. No ingresó a la celda, tomaron todas las habitaciones de la Policía hasta que lograron apelar.
Afines al MAS incluso bloquearon, tomaron la Policía, tapiaron la Alcaldía para frenar la investigación de la Defensoría. 

Gilberth Tapia fue trasladado a Santa Cruz asistido de tres abogados y la Sala Penal Tercera del vocal Julio Nelson Alba le otorgó cesación a la detención con arresto domiciliario y permiso para trabajar. 

Tendrá que firmar el libro en la Fiscalía cada 15 días, está prohibido de consumir bebidas alcohólicas, tiene arraigo y terapia sicológica. 

Gilberth Tapia, no cumplió ni un día de detención ordenada por el juez. Ante reclamo de la Policía por la toma de las oficinas, incluso uno de los investigadores, fue cambiado a otro destino, ante presiones de los movimientos sociales y como castigo por investigar el caso.

La esposa del concejal presentó después un documento de desistimiento retractándose de su denuncia y afirmando que la golpiza fue mentira. 

Policías que soportaron la presión de los movimientos sociales, que ignoraron la orden judicial, dijeron estar decepcionados y que un concejal ebrio cometió violencia contra su esposa, pero que se burló de la justicia.

El Senado pedirá informes

La presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, que acudió a la Fiscalía de Santa Cruz en reunión con el fiscal departamental Róger Mariaca, conoció el caso. Manifestó que se pedirá informes sobre el caso a las autoridades. Lamentó lo sucedido y aseguró que, en casos de violencia familiar como este, no puede haber favoritismo de ningún tipo y que se debe acatar la orden judicial. Sin embargo el agresor está libre.