La postergación del Censo de Población y Vivienda hasta el año 2024 es una muy mala noticia para todo el país. No solo pospone una redistribución equitativa de los recursos económicos del país, sino que impide que los bolivianos sepamos cómo estamos: cuántos somos, qué grado de formación tenemos, cuál es el nivel de acceso a la prevención y atención sanitaria, si tenemos agua potable, alcantarillado o si tenemos acceso a internet, entre otras muchas condiciones que hacen parte de una fotografía imprescindible para nuestro desarrollo.

La postergación del Censo fomenta la desigualdad entre bolivianos, porque invisibiliza a millones de ciudadanos que engrosan la población de las ciudades que atraen migración, lo que hace precaria la vida de millones de personas que vivirían mejor si tuvieran adecuadas prestaciones de salud, educación, servicios básicos, etc.

Si Bolivia tuviera una radiografía de su situación, se podría plantear un nuevo pacto fiscal, porque saber cuántos bolivianos hay y dónde están permitiría equilibrar la balanza de las asignaciones económicas. Sobre la base de las competencias y responsabilidades de los diferentes niveles de Gobierno, se podría discutir si es verdad que el nivel central acapara demasiado o si los niveles departamentales o municipales necesitan un porcentaje mayor para atender de manera directa a su población. Sin Censo de Población y Vivienda no se puede. Quizás ese sea el mayor temor del Gobierno nacional y una de las razones de la postergación.

Pero, más allá de los perjuicios de la postergación, hay que hablar de la manera en que se encaró el proceso fallido del Instituto Nacional de Estadística. Comenzó y se desarrolló de espaldas a los bolivianos, con un absurdo secretismo que derivó en mentira tras mentira; es decir, se dijo que todo iba bien, que estaba controlado y que la gran encuesta se realizaría en la fecha prevista a sabiendas de que eso era falso. La actualización cartográfica nació con deficiencias. A pesar de la ineptitud para encarar un Censo bien hecho, el Gobierno (Ministerio de Planificación del Desarrollo e INE) se rehusaron a recibir ayuda, a escuchar sugerencias. Ahora se pretende que ese fracaso transcurra como si nada, sin que haya responsables que paguen la factura por ello.

La postergación del Censo por dos años genera malestar porque no hay argumentos técnicos que justifiquen ese tiempo de espera y porque dos años son demasiado tiempo, especialmente para regiones presionadas por la migración. Por eso se entiende que Santa Cruz esté en emergencia, porque a la última decisión gubernamental hay que ponerle de contexto la histórica postergación de este departamento, donde el Estado no asume su responsabilidad y el progreso se consigue por la iniciativa de sus ciudadanos, aunque esta es ahora también vapuleada por las acciones del centralismo.

Lo que no debe ocurrir es que el Censo sea el nuevo pretexto para dividir más a los bolivianos. El Gobierno debería tener la capacidad de escuchar a todos los ciudadanos, porque no todos son representados por los movimientos sociales afines al MAS y ya está bueno de que las determinaciones que afectan al conjunto sean tomadas por un grupo reducido de dirigentes corporativos y funcionales al partido en función de Gobierno.