Las cartas están lanzadas. Las instituciones más representativas del departamento establecieron un plazo hasta el 25 de julio para que la administración del presidente Luis Arce revierta la decisión de posponer el censo hasta 2024, mientras tanto, el Gobierno activó este fin de semana una estrategia para convencer a sus aliados afincados en las organizaciones sociales y de los municipios sobre la validez del diferimiento en función del “consenso” que se logró en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA). El MAS tiene el control del 60% de los gobiernos locales de la región por el apoyo electoral de las subnacionales de 2021.

“Pero, este no es un tema político”, afirmó el gobernador Luis Fernando Camacho respecto a las ocho decisiones asumidas en la Cumbre departamental interinstitucional por un censo oportuno y transparente, que sesionó en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). El alcalde Jhonny Fernández coincidió con Camacho y pidió respeto por su investidura frente a la campaña que activó el Gobierno, según dijo, para perjudicar a la región.

“Si seguimos haciéndonos daño entre cruceños, lo único que vamos a lograr es que ellos triunfen en su propósito y su propósito es que siempre estemos postergados. No vamos a permitir que nos cercenen recursos ni a este ni a ningún otro gobierno municipal”, afirmó la autoridad edil, quien estuvo ausente en la primera sesión del comité que se creó, precisamente, para la defensa de la gran encuesta de población.

El presidente Arce se reunió el 11 de julio con ocho de los nueve gobernadores, pues no acudió Camacho; representantes del sistema asociativo municipal congregados en la Federación de Asociación de Municipios (FAM), además de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) que representa a las comunas de las capitales de departamento, además del El Alto. Tras la cita, en la que también participaron delegados de las autonomías indígenas y regionales, se acordó postergar “en consenso” la realización del censo para 2024. Un día después, Arce promulgó el Decreto 4760 con el que definió el diferimiento del empadronamiento, pero no fijó una fecha exacta. La gran encuesta estaba prevista, inicialmente, para el 16 de noviembre.

El pronunciamiento de Santa Cruz cuestiona esa norma y exige anularla porque apuntala “una postergación sin ningún fundamento técnico”. El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, aseguró que el CNA no “tiene potestad legal sobre el censo” y que el “consenso”, que enarbola el Gobierno, tampoco es un fundamento legal.

Se ratificó, asimismo, la exigencia de que el presupuesto de 2023 se elabore sobre las proyecciones de población del INE, incluidas las compensaciones en favor de aquellos municipios que perderán recursos por población. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en una entrevista con EL DEBER-Radio, rechazó esa posibilidad. “Es una proyección y no el dato oficial que requiere la normativa para poder hacer la redistribución de los recursos”, sostuvo la autoridad.

La institucionalidad cruceña ratificó la necesidad de que se “inicien las acciones legales contra las autoridades responsables de este atropello”. Camacho anticipó que el director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, y el ministro de Planificación están en la mira por el “delito de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado”. Los procesos serán impulsados por la Brigada Parlamentaria.

Según el ministro Cusicanqui, la decisión de postergar el censo fue planteado por varias regiones, especialmente de los departamentos de Beni y Pando, donde sus habitantes dedican varios meses del año a la zafra de castaña, una actividad que los obliga movilizarse. Además, dijo, “las regiones comenzaron a solicitar que se pueda reprogramar la fecha del censo, precisamente porque en noviembre es una época de lluvias y eso dificulta el acceso a varios lugares”, apuntó.

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, negó que la solicitud para “reprogramar” el censo fuera para el 2024. “Es muy largo el tiempo, por lo que debería hacerse el 2023”, afirmó la autoridad.

“Solicitamos la postergación del censo de noviembre, porque inicia la temporada de lluvia, pero no más que eso”, continuó y explicó que en esa provincia se desplazan entre 45.000 a 50.0000 zafreros al monte de la provincia Vaca Díez en busca de castaña. “Si las personas no son contadas en el próximo censo, será un perjuicio”, añadió.

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, anticipó que su región resultará afectada por el proceso estadístico. “No estamos en contra de nadie, porque con el censo estaban pensando en debatir quien recibe más plata. ¿Y nosotros que hemos perdido por la migración? En nosotros no piensa nadie, en los departamentos del sur del país nadie se fija”, protestó Condori, quien cuestionó la ausencia de Camacho en la reunión que tuvo lugar en La Paz.

La primera autoridad de Pando, Regis Richter, destacó la postergación “para obtener los mejores resultados para los bolivianos”. Eso sí, aseguró la autoridad, se requería de un tiempo mayor para la socialización de la boleta censal.

El gobernador paceño, Santos Quispe, reveló este fin de semana que durante la reunión del CNA, las autoridades del Gobierno expresaron que “sinceramente que no les iba a alcanzar el plazo” del 16 de noviembre para el censo. “Más antes era que los otros gobernadores reclamen, porque tenían que verificar cómo estamos avanzando en la cartografía, pero están realmente muy retrasados”, declaró Santos Quispe.

Por su lado, el gobernador de Tarija, Óscar Montes, coincidió con Quispe respecto al fallido censo y las deficiencias del INE en la actualización cartográfica.

Respecto a la ausencia de Camacho, Montes señaló que existen antecedentes sobre los riesgos que corre esa autoridad en la sede de Gobierno. “Hay que estar en sus zapatos, si mi vida correría peligro yo tampoco iría”, manifestó.

Las gobernaciones de Oruro, Potosí y Cochabamba están en manos del MAS y sus voceros se adhirieron al argumento del “consenso” del Ejecutivo y las críticas por la ausencia de Camacho a la cita que tuvo lugar en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

Tras la cumbre de las instituciones cruceñas, la directiva de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) se reunió con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, y —vía zoom— con el viceministro de Planificación y Coordinación, Carlos David Guachalla Terrazas, quienes expusieron las razones que conllevaron a solicitar la postergación del Censo que debía realizarse este año.

El presidente de Amdecruz y alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar (MAS), anunció, tras el encuentro con las autoridades del Ejecutivo, un congreso para la próxima semana, cuando asuman una postura definitiva sobre el impacto que tendrá en la región la demora del censo por dos años.

Las Comunidades Interculturales, también afines al MAS, expresaron su inquietud. “Nos sentimos preocupados y sorprendidos. Se ha postergado el censo y argumentan que con el Consejo de Autonomías. Nos reuniremos con todas las autoridades departamentales y haremos llegar una propuesta. Ocho departamentos nos han dejado solos y sin un debate técnico”, afirmó el dirigente del sector Esteban Alavi, en una rueda de prensa.

EMERGENCIA Y PLAZO
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ENCUESTAS
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PROCESOS LEGALES
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UNIVERSIDADES
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