El gobierno de Luis Arce está dando un paso sin retorno hacia el autoritarismo con la decisión de tomar competencias del Legislativo para designar autoridades como el Defensor del Pueblo, Contralor General del Estado y hasta magistrados del Órgano Judicial, siempre que el Parlamento no se ponga de acuerdo como ha sucedido hasta ahora.

Arce ya tomó la primera decisión con la designación de la nueva contralora, Nora Mamani, en reemplazo de Henry Ara, luego de que éste cumpliera su período de seis años. Ahora, el mandatario tiene a su favor una resolución de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, que le da la potestad de hacer lo mismo con los otros altos cargos que esperan votación legislativa. No es de extrañarse que los jueces actúen de esta manera, pues es por todos sabido que responden al oficialismo.

Es más, el ministro de Justicia, Iván Lima, al respecto fue explícito en decir qué cargos serán nombrados por Arce. “Lo que debe quedar claro en una democracia es que, cuando la Asamblea Legislativa no ejerce su atribución, no puede interrumpirse la labor del Estado, eso es lo que señala la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional; por lo tanto, el Contralor, el Defensor del Pueblo y, el próximo año, las 26 autoridades de la justicia están enmarcadas en ese desarrollo constitucional. Si la Asamblea Legislativa no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro Órgano del Estado que tome medidas de emergencia”, dijo la autoridad.

Comunidad Ciudadana, liderada por el expresidente Carlos Mesa, ha denunciado un “golpe al Legislativo” y la instauración de una dictadura porque el Gobierno ha decidido prescindir del Legislativo. Sucede que el MAS no tiene dos tercios de votos en la Asamblea y la gobernabilidad se le ha complicado aún más por la existencia de dos corrientes del MAS en el Parlamento, por lo que no ha podido designar autoridades clave del Estado, como el Defensor del Pueblo y el Contralor General del Estado.

En ese marco, la resolución judicial indica que, ante la obstaculización en los nombramientos, incluso excediendo los 70 días en el caso del Defensor del Pueblo “debe buscarse en esa coordinación y cooperación de poderes inclusive acudiendo a otro poder como es el Órgano Ejecutivo”.

El mecanismo de los dos tercios de votos existe en el sistema boliviano justamente para garantizar que la mayoría legislativa esté obligada a concertar las decisiones más importantes con las minorías, y no para que esta mayoría concentre las decisiones en un solo órgano del Estado, lo cual es antidemocrático desde todo punto de vista.