Tras conocerse la fundamentación de la resolución de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, sobre la designación aún pendiente del nuevo Defensor del pueblo, el ministro de Justicia, Iván Lima, abrió la posibilidad de que el Órgano Ejecutivo nombre al titular de la Defensoría y hasta a magistrados del Órgano Judicial.

“Lo que debe quedar claro en una democracia es que cuando la Asamblea Legislativa no ejerce su atribución, no puede interrumpirse la labor del Estado. (...) Por lo tanto, el Contralor, Defensor del Pueblo y el próximo año las 26 autoridades de la justicia están enmarcadas en ese desarrollo constitucional. Si la Asamblea Legislativa no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro órgano del Estado quien tome medidas de emergencia”, afirmó la autoridad.

Lima manifestó que en el pasado los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales designaron magistrados por decreto supremo. Por lo cual, instó a los parlamentarios del oficialismo y de las oposiciones a llegar a consensos y nombrar para las altas autoridades del Estado.

Comunidad Ciudadana (CC), mediante un comunicado, denunció que el Gobierno consumó un “golpe” a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a través de la Resolución 178/2022, dictada por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, dentro de una acción de cumplimiento, con el objetivo de “tener el poder total”.

En sus argumentaciones, según el documento que fue difundido, ese fallo señala que, si la ALP no cumple con su labor, por un tiempo que excede los 70 días, debe acudirse, en el marco de la coordinación y cooperación de poderes, al Ejecutivo.

Según CC, el alcance de esa resolución no se limita al Defensor del Pueblo. “Con los mismos fundamentos, se aplicará también al Contralor General del Estado, altos jueces y fiscales, vocales electorales y otras altas autoridades que requieren la decisión de la Asamblea Legislativa”, se lee en su comunicado.

El ministro de Justicia, en conferencia de prensa, se refirió a la decisión de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, antes de adelantar que Arce puede nombrar al Defensor y a los magistrados del Órgano Judicial.

El jefe de bancada en Diputados de CC, Carlos Alarcón, por estos últimos hechos y declaraciones, calificó al presidente Arce como “el nuevo emperador”. Añadió que el Gobierno, con la reciente designación de la contralora interina, Nora Mamani, comenzó la “nueva dictadura”.

“El Gobierno ha orquestado este golpe a la Asamblea Legislativa, a través de la manipulación de la justicia para anular el rol constitucional de la Asamblea Legislativa. A partir de ahora estamos en una nueva etapa de dictadura, ya tenemos un nuevo emperador, que es Luis Arce, quien va a hacer y deshacer con decretos, vulnerando la Constitución”, enfatizó.

Centa Rek, jefa de bancada de Creemos en el Senado, aseveró que el Ejecutivo actúa de manera autoritaria, mediante decretos, porque no tiene los dos tercios. Señaló que su alianza activará los recursos necesarios en la vía interna y externa para hacer respetar las atribuciones del Legislativo.

“Primero se quita al Legislativo sus atribuciones, que tiene que resolver sus conflictos mediante acciones legislativas y no por mandato de la Presidencia o de la justicia. A la oposición la quieren obligar a que voten por las autoridades que el MAS quiere, sino prácticamente disuelven al Parlamento con sus acciones, mediante decreto”, sostuvo.

El presidente de Diputados, Freddy Mamani, recordó que es “atribución plena” de la ALP elegir un nuevo Defensor. “Creemos que la decisión tomada por el tribunal está exhortando, lo asumimos así (...). Pero que de no darse (la elección de defensor), dar una tuición al Órgano Ejecutivo, eso no es correcto”, afirmó.

El jueves, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz abordó la acción de cumplimiento sobre la designación de la Defensoría, interpuesta por Edgar Salazar, presidente de la Apdhb “paralela”, quien indicó que esa instancia resolvió exhortar a los legisladores a sesionar para designar un titular de la Defensoría.

El abogado Franklin Gutiérrez, accionante del recurso, dijo que es mentira lo denunciado por CC. “CC no puede hablar porque ni siquiera enviaron un abogado a la audiencia y eso que fue virtual”. En respuesta, Alarcón indicó que Lima corroboró la denuncia que CC lanzó. “Hemos presentado un memorial al tribunal porque no somos terceros interesados”, afirmó.