Si en cinco días hábiles, el Gobierno no hace caso a las ocho demandas determinadas en la cumbre cruceña, el 25 de julio iniciarán con las movilizaciones en el departamento de Santa Cruz. Además, encomendaron a la Gobernación realizar una encuesta poblacional a nivel departamental. 

“Ratificamos el estado de emergencia departamental y en caso que el Gobierno Nacional no cumpla con las exigencias de esta Cumbre, en el plazo de 5 días hábiles, se convoca a un paro departamental desde el lunes 25 de julio del 2022”, señala uno de los ocho puntos de la resolución que dio lectura el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar.

También encomendaron a un supuesto Instituto Cruceño de Estadística dependiente de la Gobernación de Santa Cruz para que en el marco de sus competencias realice la encuesta poblacional de necesidades a nivel departamental, “para que permita a la Gobernación y los municipios cruceños disponer de la información estadística actualizada para responder de manera pertinente a las necesidades de la población cruceña”.

Esta cumbre cruceña se realizó la tarde este jueves donde participaron el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el rector de la UAGRM, y otras autoridades locales y cívicas. El objetivo del encuentro fue rechazar la decisión del Gobierno de postergar el Censo de Población y Vivienda de 2022 para el 2024.

Según las personalidades y analistas el 2024 es un año pre-electoral que beneficiará solo al Gobierno, y perjudicando el pacto fiscal y la redistribución de escaños. 

Otros puntos 

La institucionalidad cruceña rechazó el decreto supremo 4760 que posterga el censo para el 2024 y exige al presidente, Luis Arce, su inmediata abrogación, “ya que esta postergación no tiene ningún fundamento técnico que lo justifique, constituyendo dicha acción, un atropello a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución”.

Además, exigen que la brigada parlamentaria cruceña inicie las acciones legales en contra de las autoridades responsables de la ejecución del censo por los delitos de incumplimiento de deberes y por daño económico al Estado.

Asimismo, encomiendan a la universidad, la gobernación y el municipio elaborar una propuesta de ley nacional de censos, donde quede establecido los períodos censales, intercensales y otras mediciones estadísticas bajo la responsabilidad del INE y de los Institutos Estadísticos Departamentales, para ser presentada y gestionada por la brigada Parlamentaria cruceña.

Exigen al presidente de la Asamblea Legislativa la modificación del artículo 123 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que establece la conformación del Consejo Nacional de Autonomía y se permita la incorporación de las universidades como componente técnico y no político.

Además, encomiendan a la UAGRM preparar y presentar los proyectos de ley que permitan la coparticipación de los recursos emergentes del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), de las Notas de Créditos Fiscal y de los Títulos Valores para que sean coparticipables por municipios y universidades en un 20% y 5% respectivamente.