No se ha recibido con satisfacción la decisión gubernamental y de los Gobiernos subnacionales oficialistas de postergar el censo para 2024. 

De hecho, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en Santa Cruz ha rechazado el diferimiento de este estudio fundamental para definir el futuro de las regiones, puesto que la representación en la Cámara Baja se define por criterios poblacionales, al igual que la percepción de recursos fiscales, y ha anunciado una importante reunión para mañana, en la cual se decidirá una posición cruceña sobre la postergación del censo. También otras instituciones, como el Conade, han manifestado su rechazo a la postergación de este estudio demográfico hasta 2024. Y lo mismo han expresado legisladores de la oposición. 

En un contexto de creciente desconfianza hacia el poder, que hasta hace poco sostenía que prácticamente todo estaba listo para el 16 de noviembre de este año, se ha cuestionado, de partida, que el censo se efectúe en 2024, lo cual se interpreta como un cálculo político o electoralista del Gobierno. ¿En qué beneficiaría al MAS que el censo se realice en 2024? En este punto, los expertos, consultados por este periódico, aseguran que los resultados censales en el país no son presentados de inmediato sino que tardan incluso años, lo cual impediría contar con ellos para establecer la representación política proporcional a la población en la Cámara de Diputados y, en consecuencia, para las elecciones generales previstas para 2025 se tendrían que emplear los actuales datos, que son cuestionados por las regiones, pues ya están desactualizados; se sospecha que el MAS se beneficiaría con este esquema político-electoral para reproducirse en el poder. A esto se ha sumado la desconfianza en el Gobierno en cuanto al censo, porque hasta hace poco sostenía que prácticamente todo estaba casi terminado, cuando eso no era verdad, pues de serlo no se habría postergado esta consulta. 

Emerge una coincidencia, sin embargo, entre quienes cuestionan que el censo se efectúe en 2024: se preguntan si es racional postergar su realización por dos años, cuando el Gobierno inclusive anunció que la boleta ya tenía un 90 por ciento de avance y que se precisaba no más de cuatro meses para concluir la cartografía, que es esencial para la logística de este proceso; si tampoco hay argumentos valederos para la postergación, entonces, ¿por qué no realizar esta gran encuesta de población y vivienda en 2023, es decir, un año menos de lo que propone el oficialismo? 

Si el censo se llevaría a cabo, por ejemplo, en junio del próximo año, se contaría con los resultados y con la nueva configuración de la Cámara Baja antes de las elecciones generales de 2025. 

Sin caer en posiciones extremas, como la oficial de llevar el censo hasta 2024 o de exigir que se efectúe el 16 de noviembre de este año, acaso la más adecuada y salomónica sea la de realizar este proceso vital para el país en 2023, aunque bajo el compromiso gubernamental de entregar rápidamente los resultados esenciales para definir el número de diputaciones para cada región.