La palabra consenso en política últimamente está siendo llevada de la mano con connotaciones negativas como: componenda, intercambio de favores, inconsecuencia con los valores políticos. Cuando en realidad la política es una lucha constante en la que cualquier negociación terminará atendiendo en última instancia la resolución de un problema puntual mediante el consenso o un acuerdo mínimo entre las partes.

Ese marco comunicacional sobre el consenso político no nos lleva a la construcción de absolutamente nada y cada vez está cerrando las puertas a que lo institucional, en todos los aspectos que nos toca vivir, funcione óptimamente.

Por otra parte, si hablamos de política, lógicamente que estamos hablando de relaciones de poder en las que los actores plantearán alguna respuesta, pero como es lógico también en el marco de sus intereses, por eso en la medida que alguna decisión tenga la posibilidad de ser compartida por más de un actor, esa responsabilidad será compartida y menos señalada de ser una medida autoritaria.

Precisamente esto es lo que veo que está ocurriendo con el Censo que debía realizarse este año. Desde que se empezó a hablar del tema con los planteamientos de actores políticos de oposición para la inclusión de la pregunta sobre el mestizaje, pasando por lo que la Iglesia Católica dijo de pedir que se pregunte también sobre el credo que se profesa; hasta la renuncia y no aceptación de la misma del director del INE; es que se fue generando un cierto consenso en oficialismo y oposiciones sobre la postergación del Censo 2022.

Basta con hacer un breve repaso a la hemeroteca para evidenciar que desde el Comité Cívico de Santa Cruz se decía en marzo que los plazos necesarios habrían vencido y que no alcanzaría el tiempo para realizarlo este año, a esto se sumó la conferencia de prensa de un senador de CC que en junio manifestó también la idea de que se postergue el Censo.

Así, llegamos a la pasada reunión del Consejo Nacional de Autonomías, que está integrado por autoridades nacionales, regionales y locales, en la que se decidió sugerir la postergación de la realización del Censo para 2024. No hay duda de que una decisión de este tipo tiene un costo político, haber realizado el anuncio a partir de esta reunión de autoridades en la que están oficialistas y opositores genera un clima distinto a los titulares de algunos medios que ya están acostumbrados a escribir con teclado predictivo de acuerdo a una línea que llevan sosteniendo en el tiempo.

Por otra parte, es también un movimiento estratégico provocador para buena parte de esas oposiciones políticas que ahora que la decisión fue postergar el Censo, entonces tendrán que demostrar alguna capacidad en la línea de salir con acciones propositivas y no reactivas que ya forman parte de su repertorio de comportamiento.

Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.