Luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, la norma que modifica la fecha de esta medición nacional entró en vigencia desde el pasado día miércoles.
Ante ello, representantes de organizaciones políticas de oposición y autoridades subnacionales expresaron criterios en los que cuestionan esta determinación por revelar la falta de avances en las actividades precensales, pese a declaraciones de autoridades nacionales en las que se aseguró la existencia de condiciones para llevar adelante el Censo en el mes de noviembre de esta gestión.
De la misma forma, se advierten cálculos del oficialismo para evitar la aplicación de ajustes necesarios en base a los resultados que arroje esta medición, esto en términos de asignación de escaños, pacto fiscal, y verdaderos indicadores sobre la economía del país.
Al respecto, el expresidente Carlos Mesa, manifestó que con esta decisión se afectan derechos y demandas de la población para atender un cálculo político del Movimiento al Socialismo y su intención de esconder datos reales del estado en el que se encuentra el país.
“La suspensión del Censo2022 trunca un derecho y una demanda popular, evidencia la mentira del gobierno y obedece a un irresponsable cálculo político del MAS, que quiere impedir redistribución de escaños, evitar Pacto Fiscal, y seguir ocultando la verdad sobre la pobreza del país”, afirmó el exmandatario desde sus redes sociales.
En esta misma línea, la diputada por la agrupación Creemos, Laura Rojas Ayala, afirmó que ha quedado demostrada la falta de interés del Gobierno en llevar adelante el Censo, además de las constantes negativas de autoridades para atender los requerimientos de información de parlamentarios y organizaciones civiles.
“Para Luis Arce el Censo de Población y Vivienda nunca fue prioridad, ahora entendemos porque no quisieron informar ni coordinar nada. Postergan el Censo para el 2024 porque quieren politizarlo, son expertos en frenar el desarrollo del país”.
Por su parte, el jefe de bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, afirmó que con esta medida el Gobierno y gobernadores que no gozan de atribuciones para diferir el Censo, tratan de evitar reconocer que no existen argumentos técnicos que justifiquen esta postergación.
“No podemos permitirle a Luis Arce ni al MAS ni a gobernadores, que no tienen ninguna incidencia legal, suspender un censo. Tampoco el gobierno ha presentado científicamente una prueba para que esta decisión haya sido tomada”, afirmó.
El parlamentario de oposición lamentó que el Gobierno otorgue el poder de decidir a ocho gobernadores y se olvide de los 327 municipios y de la población, que requiere de recursos para mejorar la calidad de salud y educación, entre otros. “El gobierno siempre provoca a quienes son diferentes al MAS; provoca a Santa Cruz. Nosotros estamos seguros de que alista un fraude”, dijo.
Adelantó que por estas determinaciones el presidente Luis Arce, el actual ministro de Planificación Sergio Cusicanqui, además del director del INE, son pasibles a procesos porque en el Decreto 4760 se usa como excusa a los ocho gobernadores para postergar el Censo. “Los hacen responsables a los gobernadores de la violación constitucional”, sostuvo.
Desde las regiones, el rector de la Universidad Gabriel Rene Moreno, Vicente Cuellar, a tiempo de confirmar la realización de la denominada “Cumbre departamental por el Censo” en Santa Cruz, aseguró que no existieron sustentos técnicos ni de otro tipo para diferir el Censo, por lo que este encuentro además debatirá una compensación para las instancias que se vean perjudicadas a causa de esta postergación.
“No hay ninguna sustentación técnica ni criterio que justifique la postergación del censo hasta la gestión 2024, por lo tanto el decreto será tema de análisis en la Cumbre por el Censo donde tendríamos que discutir una compensación económica que deban tener los municipios, universidades y otras entidades que se benefician con la coparticipación. Un decreto supremo no está por encima de la ley”, sostuvo.
En conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, responsabilizó a políticos y autoridades de oposición de utilizar la postergación del Censo para generar “confrontación y desestabilización” en la población.
Prada hizo especial alusión al gobernador cruceño, Fernando Camacho y al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por tratar de dar un uso político a esta situación. “Buscan utilizar políticamente el Censo para nuevamente generar confrontación y desestabilización en el pueblo boliviano”, sostuvo.
El miércoles, el Comité Interinstitucional Impulsor de Censo de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y convocó a una cumbre para el día de hoy, donde además se tratará el posible inicio de medidas de presión.