El Decreto 4760 fue firmado el 13 de julio, un día después de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) que propuso la postergación del censo. Ocurrió mientras representantes de unas 30 instituciones cruceñas redactaban el manifiesto de cinco puntos que, además, convocó a una “cumbre” para este viernes.

“Pensábamos que todavía iba a estar en análisis, en debate por parte del Ejecutivo; sin embargo, nos enteramos que ya fue promulgado y que posterga la realización del Censo de Población y Vivienda. Estamos muy preocupados”, afirmó ayer el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

La autoridad universitaria es parte del Comité Interinstitucional que se formó para promover el empadronamiento poblacional. Anticipó que en la cumbre de hoy “se va a discutir la compensación económica” que se exigirá al Gobierno central por la demora del censo y “que debe estar en el presupuesto general del Estado que se aplicará este año”. Aprobado el decreto de postergación, Cuéllar señaló que “el único mecanismo que tiene la sociedad civil ahora está en las calles”. 

Eso sí, el rector aseguró que la norma aprobada por Arce “no tiene ningún sustento técnico que justifique la realización del censo hasta el 2024”, cuando el país esté en una etapa de debate electoral.

El comité de defensa del censo aprobó el miércoles la demanda para que el Gobierno ejecute su planificación en función de las proyecciones poblaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que se activen compensaciones para que los municipios atiendan a su población en función de indicadores objetivos. 

El 21 de julio de 2021, el presidente Arce firmó el decreto que declaró “prioridad nacional” la realización del censo para el 16 de noviembre. Pero esa norma ya no existe; fue derogada por el gabinete de Arce en los términos en los que se acordó con el CNA.

Además, el nuevo decreto deja en manos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la definición de la fecha exacta de la encuesta. El artículo 2 del documento indica que “el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda 2024 será ejecutado por el INE como máximo entre los meses de mayo y junio de 2024”.

“Si hubiese una justicia independiente, este decreto y muchos otros no aguantan ni un solo recurso de validez constitucional. Además, sin ninguna información técnica se ha procedido a la postergación hasta el 2024 y se deja la fecha abierta para que lo resuelva el INE. El mensaje de esta modificación es que nunca va a haber censo, mientras el MAS sea gobierno. El censo no tiene fecha”, afirmó el constitucionalista José Luis Santistevan, secretario Municipal de Autonomías del gobierno edil de Santa Cruz de la Sierra.

Ante este escenario, la autoridad señaló que la región debe prepararse “en dos frentes”. El primero de ellos, precisó, es “testimonial” y tiene que ver con los recursos jurídicos. “El segundo frente que es simultáneo es que la ciudadanía resuelva en las calles y con las medidas pacíficas de presión y arrancarle al Gobierno sus recursos y derechos políticos. Bolivia es uno de los pocos países que se tiene que marchar para que se cumpla la Constitución”, dijo.

El alcalde cruceño, Jhonny Fernández, envió una carta al presidente Luis Arce para oficializar el rechazo a la postergación del censo. En la nota hizo notar que las entidades asociativas municipales, como es la Asociación de Municipios de Bolivia, que reúne a las ciudades capitales, y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) no consensuaron previamente la postura que se debatió en el CNA y que derivó en la postergación de la encuesta. 

Por su lado, los alcaldes de La Paz y Cochabamba, Manfred Redes Villa e Iván Arias, consideraron que es “perfectamente posible” el censo en 2023. La postura fue respaldada por el senador Rodrigo Paz, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), que había alertado sobre las deficiencias técnicas del INE con miras al ya fallido censo nacional de 2022.

La asambleísta departamental Paola Aguirre (Creemos) llegó ayer hasta las puertas de la sede del Instituto en Santa Cruz para hacer notar su molestia por la aprobación del decreto. “Se ha suspendido el censo porque no existían condiciones técnicas. Ellos nos decían que todo estaba marchando bien, pero no había sido así”, afirmó la legisladora.

Denunció que el personal de la entidad no le permitió entregar una carta con la que solicitaba el detalle del avance del proceso pre-censal. “Cuando llegué, me han dicho que iban a cerrar las puertas porque no iban a permitir que nosotros hagamos show. Pedir información no es hacer ningún show”, dijo a los periodistas. 

En un comunicado, el INE informó que a pesar de la “reprogramación”, continuará el proceso de actualización cartográfica. Esta semana, el proceso comenzó en Santa Cruz de la Sierra y ayer hubo, según ese reporte, una jornada de socialización en Montero.

En La Paz, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, subrayó que la solicitud de posponer el censo fue “de consenso” entre ocho de los nueve gobernadores, los representantes de los municipios y de las autonomías indígenas. “Se había definido por un año, pero por pedido de las gobernaciones de Beni y Pando que argumentaron que la zafra de castaña que significa una movilización de personas por meses es que se ha planteado esa fecha”, señaló la autoridad nacional. 

“El decreto ya ha sido publicado con relación a lo que se ha establecido en consenso para la realización del Censo de Población y Vivienda”, dijo a los periodistas tras recalcar que la propuesta de postergar la encuesta no vino del Órgano Ejecutivo, sino de los representantes de las entidades autónomas del país, en un escenario que está regulado por las leyes.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, justificó la validez del decreto y señaló que varios países de la región postergaron sus respectivos censos de población debido a la pandemia. Eso sí, cuestionó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por no haber asistido a la reunión del CNA que fijó solicitó la postergación del censo nacional.

Efraín Suárez, secretario de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, rechazó la postura del Gobierno y convocó a las organizaciones sociales y de la sociedad civil a participar de la cumbre que se desarrollará a las 13:00 de hoy en el comedor de la universidad Gabriel René Moreno. “Por eso, si se toman medidas de hecho, la Gobernación las va a apoyar, si se toman medidas formales también. Cualquier medida que sea consensuada. El gobernador será parte de la cumbre”, aseguró.

Más temprano, el propio gobernador también convocó a la cumbre a través de sus cuentas en redes sociales: “Tenemos un compromiso con nuestro departamento y con nuestro pueblo. El censo es un derecho que no permitiremos que el centralismo nos arrebate”, escribió la autoridad, quien señaló que todas las autoridades deberían participar en la defensa de esta encuesta.

Manuel Morales del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), anunció que su institución será parte de la cumbre y cuestionó la determinación del Gobierno y del presidente Luis Arce, quien tiene potestad sobre el INE y la realización del censo, cuya fecha se pospuso hasta el 2024, un año antes de las elecciones generales nacionales.