En entrevista con Página Siete, Del Granado comenta que este mes presentarán la propuesta final al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual debe remitirla al Tribunal Constitucional, para verificar requisitos y que no se incurra en prohibiciones.

El jurista explica que el próximo paso, si les dan luz verde y se cumplen los plazos, será lanzar “gran cruzada nacional” para recabar 1.500.000 firmas.

El 30 de junio y el 1 de julio, tuvieron una reunión nacional. ¿Qué elementos se afinaron de la propuesta de reforma judicial?

En primer lugar, se ha aprobado que no solamente hay que buscar independencia, idoneidad de los jueces supremos, sino de los fiscales. Entonces se ha incorporado al Fiscal General de la nación en este proceso de calificación y selección a cargo de la comisión de postulaciones.

Un segundo elemento es el de buscar algo que es esencial en nuestra comunidad: paridad de género en todo el Órgano Judicial, nuevamente, empezando por la cabeza. Un tercero es el de con motivo del presupuesto no solamente establecer el 3% para el Órgano Judicial y la administración de justicia, sino por Constitución destinar una partida presupuestaria a la justicia indígena originaria, de tal manera que no esté abandonada por el Estado, como lo está hoy día.

Se está todavía viendo algunos temas pendientes vinculados a la composición de la comisión de calificación, a la composición de la comisión de postulaciones.

Hay quienes señalan que primero se debe renovar el Gobierno y después la reforma, no al revés. ¿Qué dice a los detractores de esta iniciativa?

Hemos tenido ese tipo de observaciones reiteradas. Algunos nos dicen de manera un poco más específica “no pues, con este padrón electoral, no podemos ir a referendo”, “con este Gobierno autoritario no podemos ir a una consulta”. Nuestra respuesta es que no vamos a esperar el año 2025, donde posiblemente haya un cambio de Gobierno, o donde se pueda reestructurar los niveles públicos, por la sencilla razón de que estamos convencidos de que es una demanda ciudadana hoy día, actual, que viene de muchos años, y que no podemos dejarla librada al garete.

No sabemos qué pasará el año 2025. Sabemos la carencia de liderazgo que existe en el país para formular propuestas alternativas, carencia de liderazgo en el MAS y en la oposición. No hay visiblemente una propuesta alternativa. Entonces, no podemos cifrar en la visión estructural política la suerte de la justicia.

No podemos luchar solamente en la perspectiva del cambio de Gobierno, ése es un problema que vendrá y que se atenderá.

Es más, creemos que una batalla como la que estamos librando, desde el punto de vista democrático, estrictamente, puede contribuir a generar condiciones para el surgimiento de visiones distintas que sean favorables a la vida democrática.

El Gobierno les dio una especie de indirecta. ¿Qué responde a Lima?

En el caso del ministro Lima no es indirecta, de manera directa. El otro día hubo un evento en la Vicepresidencia, que es el cuarto intento de reforma judicial de este Gobierno en solamente 18, 19 meses. Esta vez le están entregando la posta a Choquehuanca, luego de que el señor Lima ha fracasado.

Este ministro nos dice que no puede haber reforma parcial de la Constitución, porque, según él, estaríamos planteando que la elección de los nuevos jueces la haga la comisión de postulaciones. Dice: no puede ser que seis o siete ilustres, refiriéndose a la comisión de postulaciones, reemplacen al 60% de la población que elige a los magistrados.

Esto nos da cuenta de la falta de tiempo que ha tenido el ministro para leer nuestra propuesta. Está hablando sin conocer nuestra propuesta; lamento decirlo, porque a una de las primeras personas que le hemos mandado la propuesta completa, el año pasado, en los primeros días del mes de noviembre, ha sido al ministro Lima.

Es previsible que encontrarán obstáculos del oficialismo u otras fuerzas. ¿Cómo piensan afrontar todo esto?

Estamos, en este momento, obligadamente, teniendo que pasar por los filtros estatales, estoy hablando del TSE y del Tribunal Constitucional. Esperemos que sean filtros estatales institucionales, y no trancas político-partidarias. Lo vamos a verificar en el curso de las próximas semanas.

Luego de ello sí vamos a tener que enfrentar el enorme desafío de la recolección de firmas y cómo no, seguramente, los criterios que estén en contra también de parte de sectores de la comunidad. Va a ser interesantísimo enfrentar esa confrontación democrática, pero tendremos que ampliar nuestros niveles, especialmente de organización.

¿Tienen algún respaldo internacional, algún respaldo de ONG?

No de manera internacional, pero hemos logrado cierto auspicio de algunas organizaciones no gubernamentales. En primer lugar, sí está la fundación Jubileo, que nos ha proporcionado locales para reunirnos aquí y en el interior, nos ha proporcionado apoyo logístico. Está la fundación Hanns Seidel y la fundación Friedrich Ebert, que nos han facilitado la posibilidad de sacar publicaciones. Hemos sacado el librito, hemos sacado trípticos, estamos sacando varias otras publicaciones y también nos han colaborado con el financiamiento de algunos pasajes en el interior.

Si es que les dan luz verde, de cara a la recolección de firmas, ¿cómo la harán?, ¿a qué recursos apelarán?

No sabemos. Así como ha venido esta pequeña colaboración, pero importantísima para un primer momento de las instituciones que le menciono, seguramente habrá una respuesta mucho mayor de parte de la propia comunidad.

Algunos abogados amigos, que tienen experiencia y trayectoria política, nos dijeron que es imposible recaudar 1.500.000 firmas. Según su experiencia, cada firma, dicen, cuesta un dólar, en términos logísticos, no es que se paga. Entonces, nos dicen “van a necesitar ustedes un millón quinientos mil dólares”. Tonteras. Ésta es otra cosa, ésta es una cruzada nacional por un tema transversal al conjunto del país, a todos los sectores sociales.

El TSJ presentó un proyecto para reformar la ley del Órgano Judicial, el Gobierno va por su cuarto intento de reforma. Es decir, tienen competencia...

Claro que sí. Toda propuesta es bienvenida. Es más, como estamos metidos a fondo en la temática, la recibimos con especial interés. No quisiera descalificarlas a todas, pero casi todas ellas son epidérmicas, son superficiales. Tengo que decirlo: son parches, son remiendos, que no van al problema de fondo.

El Gobierno, el otro día, con gran despliegue, aprobó una ley denominada de protección de las víctimas, bonito título para una ley vacía. Es una ley que está promoviendo el populismo penal, o sea creyendo que los delitos se resuelven con mayores penas.

Está volviendo el gobierno a la tesis de Álvaro García Linera, que el año 2016 planteó cadena perpetua para los infanticidas. Es la vieja lógica populista que, ante el repudio ciudadano, ante la impunidad, el crecimiento de los delitos, dice mano dura; no pues, eso no resuelve nada.

Preguntemos a los norteamericanos, ellos tienen la pena de muerte hace 200 años y los delitos atroces siguen cometiéndose en los EEUU; cada día están baleando a gente en la calle, con pena de muerte incluida. En Europa hay lo que se llama el encarcelamiento indefinido, que es la cadena perpetua y siguen delinquiendo los europeos.

No, no es con mayores penas que se combate. No es una reforma, es un planteamiento vacío, un bonito nombre para una ley que está vacía. ¿Qué está planteando? 20 años de prisión para los jueces prevaricadores, creen que con eso se va a acabar el prevaricato.

Dos puntualizaciones: No necesitamos jueces presos, no necesitamos jueces condenados; necesitamos jueces independientes, necesitamos jueces probos, necesitamos jueces capacitados. No necesitamos jueces presos por delincuentes.