Nunca la realización del Censo de Población y Vivienda debió ser abordado como un asunto de vida o muerte política por una sencilla razón: no lo es. La realización del Censo de Población y Vivienda es la ejecución del mayor ejercicio de levantamiento de datos del país imprescindibles para saber dónde vivimos y qué necesidades tenemos; es la herramienta básica de la planificación y es aséptica, por ende, debe hacerse sin apasionamientos, garantizando su absoluta credibilidad, pero eso parece haberse vuelto imposible en este país.

Lo sucedido es muy elocuente: fue Santa Cruz el primer departamento que exigió la realización del Censo por motivos evidentes: es el departamento que más crece y necesita ajustar sus ingresos fiscales a su realidad social. El Gobierno primero optó por negarlo; rechazar sin mayores argumentos que llevar la contra al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, pero tras darse cuenta del error, optó por ponerle fecha en noviembre de 2022.

Sin Censo, se llegará a sumar 16 años sin renovar el Pacto Fiscal que garantiza la equidad y el funcionamiento del Estado

La planificación andaba demasiado despacio y todos lo sabían, pero en cuenta de acelerar y reforzar el trabajo con más transparencia, el Ministerio de Panificación se enrocó en la batalla absurda por la pregunta de la autoidentificación indígena y cubrió un tupido velo sobre las docenas de conflictos territoriales que siguen abiertos en el país y que nadie parece dispuesto a remendar, mucho menos el viceministro de Autonomías Álvaro Ruíz.

En junio Arce dio un golpe de mano ante lo que parecía se abocaba a un desastre seguro y cambió directamente al cabeza de cartel, la ministra de Planificación que había salido de su mismo equipo, la chaqueña Gabriela Mendoza, dejó el espacio al todavía más apegado a Arce, Sergio Cusicanqui, bombero profesional. Ni por esas. La realidad se ha impuesto y no quedaba más remedio que dejarlo atrás.

El Gobierno optó por lo correcto: convocar a todos los involucrados y hacerles partícipes de la decisión. El Censo ya fue, aunque evidentemente el gobernador cruceño va a recoger el guante para convertirlo en una nueva pelea.

El Censo se va ahora al año preelectoral 2024, lo que de entrada le augura un nuevo desastre prácticamente asegurado, pues pretender convertir sus resultados en campaña electoral sería un trágico error para el país: el Censo debe servir para hacer autocrítica y no para sacar músculo.

La consecuencia es aún más patética. Como poco son otros dos años hasta su ejecución y al menos año y medio más hasta la validación de resultados, en plena campaña, así que como pronto se podría plantear completar la discusión del Pacto Fiscal en 2026, lo que sumaría la friolera de 16 años sin Pacto Fiscal, el único Pacto con cariz de Estado pensado para corregir las desigualdades y garantizar la equidad de los territorios.

El asunto es definitivo e irreversible y habrá que estar atento a cómo lo digiere el oriente boliviano, que es el gran perjudicado viviendo de estadísticas conservadoras realizadas por el INE. Gestionar la polarización es complejo, pero si la política no ayuda a construir el Estado, el fracaso dejará consecuencias peores.