Santa Cruz rechazó ayer la postergación del censo para el 2024. La decisión fue oficializada a través de una resolución de cinco puntos que incluye un pedido para que el Presupuesto General de 2023 se haga sobre con las proyecciones oficiales de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El documento fue firmado por representantes de unas 30 organizaciones sociales, instituciones académicas, profesionales, cívicos y líderes políticos de la región, además del gobernador Luis Fernando Camacho y autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), quienes ayer sostuvieron una reunión de emergencia en instalaciones de esa casa de estudios superiores.

“(Solicitamos) que el presupuesto general del Estado para el próximo año se elabore en el marco de las proyecciones intercensales oficiales del propio INE, generando un mecanismo de compensaciones sobre la base del proyecto de desarrollo para aquellos municipios que, por pérdida poblacional, están en riesgo de resignar recursos económicos. “La postergación del censo implicará un efecto directo para la población” que tendrá que “esperar mínimamente hasta 2026 para tener resultados oficiales”. Se posterga así “la atención de los problemas de salud, educación, servicios básicos, caminos y otros, en lugares donde se necesitan recursos para cubrir necesidades”, señala el documento que fue aprobado ayer.

El Censo de Población y Vivienda 2012 registró 10.059.856 habitantes en todo el territorio nacional y es sobre esta cifra que, actualmente, se redistribuyen los recursos generados por la recaudación tributaria y la renta petrolera. El INE proyectó para este año 12 millones de personas en el país.

Entre tanto, el departamento de Santa Cruz tendrá 3,4 millones de habitantes al finalizar el 2022, según esa misma previsión y eso significa 800.000 más con relación a los 2,6 millones que el INE contó durante el proceso censal de 2012.

Pero, además, este comité también delegó a los legisladores de la Brigada Parlamentaria promover los procesos penales por los cargos de “incumplimiento de deberes formales” contra las autoridades políticas y técnicas que tienen a su cargo la gran encuesta.
“Se ha demostrado ineficiencia en el cumplimiento de los plazos establecidos”, dice la declaración.

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, presentó la resolución del Comité Interinstitucional impulsor del Censo y anunció que este viernes habrá una reunión con otras organizaciones de la sociedad civil para asumir decisiones. Esa cita se desarrollará a las 13:00 en el comedor de la universidad.

Las organizaciones cruceñas se reunieron durante más de dos horas. En ese tiempo, también observaron que el sistema de representación poblacional en la Asamblea Legislativa ya perdió su esencia en la calidad y legitimidad de representación demográfica del país, pues está basada en datos oficiales de hace una década.

“No se ha conocido ningún argumento técnico para definir dicha postergación, por tanto, repudiamos enérgicamente la postergación del Censo propuesta sin los argumentos técnicos ni jurídicos que sustentan esa iniciativa de postergación”, expresó Cuéllar.

El Consejo Nacional de Autonomías (CNA) se reunió el martes en La Paz para definir la prórroga del censo. Allí estuvo el presidente Luis Arce y ocho de los nueve gobernadores, además de los representantes del sistema asociativo municipal que representa a las capitales de departamento y al resto de las comunas del país.

“El CNA no tiene la competencia, según la Ley marco de Autonomías, para definir la postergación del Censo 2022, cuya fecha fue establecida en el Decreto 4546, para el 16 de noviembre de 2022”, se lee en el manifiesto que fue respaldado por el gobernador. 

Pero, Camacho no llegó a La Paz para la reunión del CNA y ayer justificó esa ausencia cuando señaló que el martes fue citado a la Fiscalía por el caso llamado ‘Golpe I’ que tiene que ver con la crisis de 2019. Aun así, recibió críticas de varios sectores, pero especialmente desde la Alcaldía cruceña, además de legisladores del MAS.

“El censo es un derecho de todos los bolivianos que permitirá la distribución equitativa de recursos nacionales para cubrir las necesidades básicas que se demanden”, subrayó luego el rector de la Uagrm para declarar “el estado de emergencia departamental” hasta que se defina la fecha del censo de manera legal. En ese marco, no descartó la aplicación de medidas de presión contra el Gobierno.

El director nacional del INE, Humberto Arandia, anunció a mediados de 2021 que el censo se iba a desarrollar en 2024, debido a la necesidad de actualizar la cartografía. Este es un proceso clave que consiste en definir la ubicación exacta de cada manzano y la cantidad aproximada de las familias residentes en todo el país. 

Esa fecha fue rechaza en varias regiones y, precisamente, generó la creación del Comité Impulsor en Santa Cruz. El 21 de julio de 2021, el presidente Luis Arce fijó la fecha de la encuesta para el 16 de noviembre de este año y el Ministerio de Planificación, entonces a cargo de Gabriela Mendoza, prometió la conclusión de la cartografía y la aplicación de la encuesta con un moderno sistema digital dotado con tabletas electrónicas, mientras el INE aseguró la logística necesaria para llegar a esa fecha con todo preparado.

En junio, se activaron las alertas cuando se conoció la renuncia de Arandia, la que no fue aceptada por Arce, pero luego Mendoza dejó el cargo y Sergio Cusicanqui tomó la posta a cuatro meses del censo y con un avance en la cartografía del 40% y en medio de quejas por la falta de transparencia en el INE. Además, esta institución pospuso en cuatro ocasiones la presentación de la boleta censal.

Tras la reunión de ayer, Camacho consideró que el director del INE como las autoridades del Ministerio de Planificación “cometieron delitos porque no cumplieron con su trabajo”. Insistió que el pedido del CNA para postergar el censo fue “ilegal” porque esa no es una de sus atribuciones legales. 

El alcalde Jhonny Fernández no acudió ayer a la sede de la Uagrm, pero rechazó la postergación con una carta que envió a Arce. Aseguró que la decisión del CNA no fue consensuada con el municipio.

“Estamos enviando una carta rechazando la pretendida postergación, no solo por el plazo, porque es lapidario junio de 2024, nosotros perdemos $us 100 millones en los próximos dos años, y el otro tema es que los datos del Censo de 2024 no entrarán para la gestión 2025-2030, no habrá redistribución de escaños, deploró José Luis Santistevan, secretario Municipal de Autonomías.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo en el programa Influyentes de EL DEBER Radio que el pedido fue planteado por la Asociación de Municipios de Bolivia que agrupa a las alcaldías de ciudades capitales. Además, aseguró que el Gobierno atendió el pedido de casi todas las regiones del país, exceptuando, Santa Cruz porque el gobernador no participó en la cita del martes.