La denuncia sobre el supuesto financiamiento de un narcotraficante argentino a la campaña electoral del MAS de 2014 avanza muy lentamente.

En contrapartida, en cuestión de meses la expresidenta Jeanine Áñez no solamente ha sido procesada por la vía ordinaria en el denominado caso Golpe II, sino que fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) por lo ocurrido entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, antes de su llegada a la Presidencia.

La denuncia fue sentada por el diputado Rolando Cuéllar, del MAS. El pasado 30 de junio mostró una carta enviada por el vicepresidente del partido, Gerardo García, en la que se agradece los aportes económicos realizados durante la campaña de 2014 por Miguel Salazar, que era el nombre falso que en Santa Cruz utilizaba el narco argentino José Miguel Farfán, quien estaba prófugo en Bolivia, donde había adquirido una nueva identidad y se había sometido a dos cirugías plásticas.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, la semana pasada, y hasta el momento no ha salido de la oficina de admisión.

Por pedido del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, el Ministerio de Justicia se comprometió a investigar esta denuncia contra García. El viernes, esa dependencia estatal emitió un comunicado en el que declaró la indagación en reserva.

Este medio conversó con fuentes gubernamentales que explicaron que la investigación  tomaría al menos tres meses, y que los resultados se conocerán al final. Sin embargo, adelantaron que el ministerio encargado emitiría boletines periódicos con los avances. De hecho, el primero estaba programado para ser lanzado el martes, pero eso no ocurrió.

Mientras, las bancadas de oposición Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además del Conade, presentaron denuncias al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y solicitaron que se elimine la personería jurídica del MAS.

El vocal del TSE Francisco Vargas confirmó que esas tres instancias presentaron solicitudes. “Se han pedido los informes a la Unidad Técnica de Fiscalización, como a la Jurídica para que nos rindan un informe y de esta manera podamos emitir un pronunciamiento. Esas instancias son las que fiscalizan el origen de los recursos que administran las organizaciones políticas. Seguramente en los siguientes días, tras el análisis, nos pronunciaremos”.