Finalmente ocurrió lo que era previsible: la improvisación, la mala gestión del Gobierno en la organización del Censo de Población y Vivienda, la descoordinación, la falta de transparencia y el manejo político de una consulta que debiera ser técnica, ha derivado en la postergación de este evento vital para la planificación del país.

La denominada gran encuesta nacional debía realizarse el 16 de noviembre próximo, pero extrañamente fue diferida para los meses de mayo o junio de 2024, es decir, para dentro de 23 meses, pocos días después de que las autoridades del INE dijeran insistentemente que el proceso de organización avanzaba dentro de los plazos previstos y que ellos garantizaban que se haría.

El mecanismo que utilizó el Gobierno para justificar la postergación fue reunir en La Paz al Consejo Nacional de Autonomías el mismo día y hora en que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debía declarar ante la Fiscalía en Santa Cruz por el denominado Caso Golpe 1.

La citación a Camacho finalmente fue suspendida por supuestas amenazas de muerte que habrían recibido los fiscales que se trasladaron de La Paz a Santa Cruz. Por tanto, el gobernador no pudo viajar a La Paz y tampoco le aceptaron su participación por alguna vía electrónica, y la decisión de la postergación la tomaron los ocho gobernadores en acuerdo con el presidente Luis Arce.

Así, cobra sentido la explicación pueril, irrisoria y nada creíble de los tres fiscales paceños que dijeron temer por sus vidas y que por eso suspendían la declaración de Luis Fernando Camacho y retornaban a La Paz.

¿Por qué era importante la presencia de Santa Cruz en esa reunión? Porque esta región es la que más creció poblacionalmente debido a la migración de ciudadanos de los ocho restantes departamentos. La nueva fotografía del censo reflejará exactamente eso y por tanto a Santa Cruz le corresponderá una mayor cantidad de recursos para destinar a la salud y educación y también una mayor representación parlamentaria, la misma que será reducida de otras regiones que perdieron población.

Por la misma razón al Gobierno central le interesaba que Camacho no estuviera presente en ese encuentro. Extrañamente, el reglamento de Autonomías dice que esa función es indelegable y por tanto la máxima autoridad política de Santa Cruz era la única que podía asistir y no así ninguna otra persona a su nombre.

En una reacción rápida tras esos acontecimientos, la Comisión Impulsora del Censo, reunida con representantes políticos y de organizaciones sociales, se pronunció en protesta por la postergación de la consulta y decidió citar a una cumbre departamental que se realizará este viernes, donde se definirán acciones destinadas a exigir que el censo se haga en la fecha prevista por ley, cada diez años, es decir, durante esta gestión, ya que el anterior fue el año 2012.

Al mismo tiempo, pidieron procesar penalmente por incumplimiento de deberes a los responsables políticos y técnicos que debían llevar adelante el censo, por demostrar ineficiencia.

Más allá de las argucias y tecnicismos forzados que encontraron en la reunión de La Paz a manera de razones argumentales, lo que está claro es que la región que más pierde con la postergación del censo es Santa Cruz; y a quien menos le interesa el censo es al Gobierno, por la misma razón que explican sus muchos desplantes y expresiones de desprecio con esta región, que es donde más bolivianos viven, y de todas las regiones, colores y credos.