Silvia Salame, exmagistrada y senadora de Comunidad Ciudadana (CC), presentó un proyecto de reglamento para la preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial. Aquello se da de cara a las judiciales de 2023, y en medio del fracaso de la reforma de la justicia.

“Esta propuesta, este proyecto de ley de reglamento, tiene por objeto evitar que los posibles magistrados, a ser electos en 2023, sean electos a dedo, y que esas nóminas de personas que van a ir a ser sujetas del voto popular sean personas que realmente tengan idoneidad no sólo moral, sino también una idoneidad académica”, aseguró Salame en declaraciones a Página Siete.

La propuesta, que se comenzó a trabajar desde diciembre de 2021 a través de eventos y conversatorios, emerge cuando el Gobierno acumula tres procesos fallidos de reforma judicial, y cuando está previsto para el próximo año, si no se modifica la Constitución, la renovación, vía elecciones, de los altos puestos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA), Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El proyecto dispone que la Comisión Mixta de Constitución se encargue de evaluar las postulaciones al TCP y TSJ, y que la Comisión Mixta de Justicia Plural se encargue de calificar a los aspirantes al CM y al TA.

Uno de los elementos que destaca Salame del proyecto es que las comisiones deberán trabajar de forma conjunta con los delegados de las universidades. En el documento, al respecto, se establece que las comisiones solicitarán al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que proponga a cuatro profesionales abogados que acrediten un alto nivel de conocimiento del derecho en relación con las distintas áreas del proceso de preselección, para que sean acreditados en calidad de “asesores técnicos”.

Consultada acerca de si no se incluirá a más actores, Salame manifestó que el reglamento es una propuesta que puede mejorar de acuerdo con las sugerencias.

En el proyecto se añade a las evaluaciones curricular, escrita y entrevista -ya contempladas en un proceso anterior- el componente de la “evaluación oral, analítica y argumentativa”. Ello implica que los aspirantes, si se aprueba el planteamiento, deberán resolver un caso hipotético.

“Los asesores técnicos nominados por el CEUB, bajo estrictos parámetros de ética, reserva y compromiso expreso de confidencialidad, elaborarán 5 casos hipotéticos por especialidad, haciendo un total de 20 casos hipotéticos que serán consignados en bolos separados por especialidad”, dice el proyecto.

En la propuesta también se incluye la participación de la sociedad civil, en todo el proceso, en calidad de observadora.

La senadora Salame indicó que esta propuesta “no es una varita máxima”, y que es transitoria, hasta que se reforme la Constitución. “Para cambiar la Constitución sólo lo que significa la modalidad de elección es un trabajo que va a tardar y tiene que haber una decisión política para esto”, aseguró.

Agregó que ante el escenario de que no haya una modificación de la Constitución, habrá un reglamento con los candados para evitar “un manoseo político”.

Silvia Padilla, presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, manifestó que le parece una propuesta “razonable”, y recomendó que en su difusión se incida en las redes sociales.

“Me parece razonable, es perfectible como todo lo que hace el ser humano, pero de hecho sí es entre tanto se completen las reformas, que de todas formas no van a hacer de aquí a un año; se necesitan 10 años por lo menos para tener una incidencia real en la opinión pública; sirve sobre todo para garantizar que las cabezas de los órganos sean razonablemente evaluadas dentro de los parámetros de la meritocracia”, aseguró.