Mediante un comunicado, algunas organizaciones opositoras al Gobierno exigieron que el Censo que estaba previsto para el 16 de noviembre de este año y que finalmente fue reprogramado para el 2024, se concrete en 2023 "de forma impostergable". En la misiva, titulada como "En defensa del Censo", estas entidades denuncian con antelación la "posible consolidación" de lo que han llamado como "fraude demográfico".
De hecho, el cuarto punto del escrito da cuenta de esta figura. "Alertamos que la postergación del Censo puede consolidar un fraude demográfico en marcha; la continua ocupación territorial en contra de las regiones, las autonomías y que se busca esconder el fraude electoral expresado en el incremento forzado de electores de un padrón electoral con poblaciones con decremento de habitantes", se lee.
Esto sucede luego de que este martes, tras la reunión sostenida por el Consejo Nacional de Autonomías, se determinara la postergación del Censo debido a diferentes factores, entre ellos, la pandemia, la necesidad de sumar idiomas nativos originarios en la boleta, y la socialización.
Entre las instituciones que se han sumado a la advertencia escrita figuran el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la Unidad Nacional (UN) y el Comité Cívico de Oruro.
"Condenamos la incapacidad manifiesta y el manejo irresponsable del Gobierno de Luis Arce, de una actividad estadística que es un mandato constitucional, herramienta fundamental que brinda datos de la realidad del país, en diversos ámbitos poblacionales, regionales y de interés para la planificación del desarrollo", añade el comunicado.
"Consideramos que esta medida debe ser revertida, debiendo realizarse el mismo impostergablemente el año 2023", exigen las organizaciones.
Estas entienden que "la suspensión del Censo no es gratuita" y acusa al Gobierno de querer "sacar ventaja", ocultando los datos de la realidad".
En dicho sentido, denuncia, con antelación, lo que llaman como "fraude demográfico en marcha",
