Son múltiples los argumentos que el Gobierno ha esgrimido para postergar el censo previsto para el 16 de noviembre de este año. 

Sin mencionar la palabra postergación, que eso es lo que es, al optar por el eufemismo “reprogramación”, el presidente Luis Arce, al momento de anunciar la decisión, expresó que factores como la Covid-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los Gobiernos autónomos municipales e indígenas y originarios, las condiciones climáticas que generan la inaccesibilidad caminera y la migración interna por temporada de zafra eran las razones que movían al Gobierno a diferir el censo. 

En primer lugar, que el Ejecutivo haya solicitado apoyo a un fantasmagórico Consejo Nacional de Autonomías, compuesto en su mayoría por gobernadores y alcaldes afines al MAS, de ninguna manera disipa la responsabilidad sobre la postergación del censo, y menos porque se diga que se tomó una decisión en “consenso”.

Lo cierto es que diferir este estudio clave para el país, que ahora se realizaría —aquí el condicional es muy importante— entre mayo y julio de 2024, era prácticamente un hecho, después de la crisis que se desató en esa institución, tras la salida de su último director, y las desatinadas intervenciones oficiales y públicas al respecto, que acusaban una fuerte politización —recordemos que una exministra dijo que era inútil preguntar por la autoidentificación porque en este país todos son indígenas— y una extrema impericia técnica.

Quedaba claro que el Censo 2012 había nacido muerto, debido a factores como el nulo acceso a la información pública sobre su gestión y organización; una boleta censal —un arcano al alcance de pocos privilegiados— con prácticamente ninguna difusión; un clima precensal inexistente, al extremo de que no es aventurado afirmar que casi ni se conocía cuándo se efectuaría esta encuesta; una cartografía, vital para este tipo de estudios poblacionales, que exige tiempo, porque de ella depende la logística del proceso, pero sobre cuyo avance nunca se informó y la necesaria coordinación con las regiones, que dependen del censo para establecer con precisión su representación política en la Cámara Baja y los recursos per cápita que deben recibir del centralismo. Además de otros factores que indican que no se había realizado un trabajo técnico meticuloso.

Es sorprendente que hasta hace poco el Gobierno insistiera en que había un avance del 90 por ciento en la boleta y que la cartografía estaría lista en cuatro meses. Es decir, que todo iba viento en popa, que todo estaba listo para el 16 de noviembre, aunque no era cierto. Lo que ha ocurrido permite suponer que las cosas en el censo estaban tan mal que no quedó otro camino que tomar la decisión de postergarlo, así hubiera que afrontar un elevado costo político. 

Deberían tomarse en cuenta las sugerencias de incluir la categoría mestizo o la pregunta sobre religión. Pero sobre todo tiene que haber más transparencia, que es el eje de cualquier censo. ¿No sería oportuno contar con observadores externos de este proceso? Es que la credibilidad del Gobierno y del INE, admitámoslo, está menoscabada.