Las organizaciones políticas de oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, advirtieron que de postergarse el Censo de Población y Vivienda hasta el 2024 corre el riesgo de electoralizarse por su proximidad con los comicios nacionales de 2025. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz rechazó la posibilidad de reprogramar las fechas.

Las reacciones surgieron después que el Consejo Nacional de Autonomías determinó solicitar la reprogramación de dicho evento censal que estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022.

La decisión está prácticamente tomada “con la firme predisposición de realizar un Censo absolutamente responsable, que sea una verdadera herramienta de planificación nacional, departamental y municipal; en consenso, el Consejo Nacional de Autonomías decidió reprogramar el Censo de Población y Vivienda, para el 2024 (sic)”, informó el presidente Luis Arce en su cuenta de Twitter.

El senador Rodrigo Paz de Comunidad Ciudadana (CC) reiteró su pedido de que el censo se realice en el primer semestre del 2023 e indicó que para el 2024 sería un “censo electoral” proclive a promesas políticas y no para resolver con soluciones los problemas.

“Bolivia quiere la verdad para trabajar con la verdad para identificar y resolver la crisis por la falta de trabajo y eso es distribuyendo de buena manera los recursos, no centralizando los recursos como ahora el gobierno central administra un 85% y los gobiernos subnacionales un 15%, eso significa un buen pacto fiscal 50 y 50, por eso el Censo debe realizarse el primer semestre de 2023. Segundo, los Bs 78 mil millones que van a empresas deficitarias y para las pegas de unos cuantos amigos que vayan más bien para pequeñas y medianas empresas del país”, manifestó.

Su colega de Creemos María René Álvarez tiene similar posición, el riesgo de la electoralización del censo de realizarse en fechas muy próximas a las elecciones generales.

“El cálculo de la fecha (año 2024), con miras a las próximas elecciones nacionales el 2025 deja entrever todo lo contrario a la transparencia y despolitización del censo mencionados por el presidente Luis Arce Catacora al término de su reunión (con el Consejo Nacional de Autonomías)”, afirmó la legisladora.

Acotó que esta decisión también deja al descubierto que el país no está preparado para este operativo, inicialmente, previsto para noviembre. Lo que en su criterio develaría la “inoperancia e irresponsabilidad” de la exministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, y del exdirector del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia.

En el mes de junio, se conoció que Arandia había presentado su renuncia por razones de salud; pero pese a estas circunstancias el Presidente lo ratificó en el cargo. Desde el Gobierno se aseguró que el censo estaba plenamente garantizado.

Un par de días después, el ministro que reemplazó a Mendoza, Sergio Cusicanqui, presentó a Gastón Cordero como director interino del INE. En esa oportunidad insistió que todas las actividades continuaban para la realización el 16 de noviembre.

Álvarez atribuyó la postergación al órgano Ejecutivo porque rechazó la propuesta de trabajo conjunto y oportuno ofrecido por el Departamento de Santa Cruz.

“Tuvo más peso el encono del oficialismo contra una región que solo busca su desarrollo regional, fortalecer su apoyo al resto de los departamentos con parte del 33% de los ingresos que aporta al PGE (Presupuesto General del Estado)”, apuntó.

Por su parte, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz calificó como un "fracaso" e "ineficiencia" del Gobierno central la posibilidad de una postergación del censo. 

Efraín Suárez, asesor de Gestión, manifestó que "es un claro atentado contra la región y es un incumplimiento a la ley del censo que se debe realizar obligatoriamente cada diez años".

Identificó que hay un total retraso en todas las actividades censales a cuatro meses de realizarse ese evento tan importante para el país y las regiones. En esa línea, rechazó su postergación. "No aceptamos que este censo se postergue", porque representarías la postergación de un pacto fiscal y la redistribución de recursos para las regiones.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó los créditos de $us 40 millones otorgados por el Fondo financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y otro crédito de $us 26,4 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la realización del operativo censal, recursos que, a decir de Álvarez, podrían ser insuficientes hasta el 2024.