El Gobierno, en reunión con el Consejo de Autonomías y sin la representación de Santa Cruz, admitió que el Censo de Población y Vivienda tiene varias deficiencias y demoras en el avance de la etapa precensal. Ayer se identificaron al menos 10 razones que propiciaron la postergación de la encuesta nacional para el año 2024. Este hecho provocó dudas y rechazo, sobre todo de las autoridades cruceñas que alistan reuniones para definir una postura.

“El intento de postergar el censo es el resultado del fracaso y de la ineficiencia del Gobierno nacional. Además es un claro atentado contra nuestra región y es un incumplimiento a la Ley del Censo que establece que se debe realizar obligatoriamente cada 10 años. Santa Cruz ha conformado un comité interinstitucional porque esto se veía venir. El Gobierno ha perdido el rumbo y ha descuidado la gestión”, afirmó Efraín Suárez, asesor de Gestión Institucional de la Gobernación cruceña.

El funcionario agregó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no tiene ni el 40% de avance en la actualización cartográfica, tampoco se conoce la boleta censal y reprochó que esa institución no haya demostrado “capacidad ni voluntad” para llevar adelante un proceso transparente y creíble.

La realización del censo está prevista para el 16 de noviembre, según el Decreto Supremo (DS) 4546 que deberá ser derogado por el presidente Luis Arce para establecer una nueva fecha. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, indicó que en los próximos días se emitirá un nuevo decreto.

Según los antecedentes, Bolivia es un país de escasa tradición censal, ya que en el lapso de 191 años, es decir desde el primer censo de 1831 y el último realizado en 2012, se efectuaron 11 en total.

Tras la reunión con los gobernadores y autoridades indígenas, el jefe de Estado, Luis Arce, destacó el “intercambio valioso de criterios” y garantizó que se encarará la encuesta nacional de forma “responsable, transparente, objetiva y técnica” para que beneficie a la población.

Al respecto, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, calificó el encuentro como un hecho “inadmisible” ya que se decidió “entre cuatro paredes” el bienestar del país. Anunció que “lucharán” para que se realice el censo. Mientras tanto, el gobernador Luis Fernando Camacho se reunirá hoy con el comité impulsor del censo en Santa Cruz para analizar qué medidas asumirán y para emitir un pronunciamiento de rechazo a la nueva fecha.

Por su lado, el senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana, expresó su desacuerdo con la propuesta de ejecución del censo para 2024 y ratificó que debe realizarse hasta junio de 2023.

“Bolivia quiere la verdad para trabajar con la verdad, para identificar y resolver la crisis por la falta de trabajo y eso es distribuyendo de buena manera los recursos, eso significa un buen pacto fiscal 50 y 50, por eso el censo debe realizarse el primer semestre de 2023. Segundo, los Bs 78.000 millones que van a empresas deficitarias y para las pegas de unos cuantos amigos que vayan más bien para pequeñas y medianas empresas del país”, sugirió el legislador tarijeño.

No solo preocupa el tiempo que demorará la organización de la encuesta, sino cómo se administrarán los créditos y deudas que adquirió el Estado para este operativo.

Al respecto, la diputada de la alianza Creemos, María René Álvarez, cuestionó al Gobierno sobre cómo se cuidarán los recursos estos dos años. “El Gobierno se prestó $us 68 millones con el financiamiento de: Fonplata $us 40 millones, el BID $us 26,4 millones y el TGN $us 1,6 millones. Estas deudas deben pagarse pese a la postergación del Censo hasta el 2024, ¿cómo garantizamos que no se malgasten los $us 68 millones en los próximos 2 años?”, escribió la diputada en su cuenta de Twitter.

Desde el oficialismo calificaron la reprogramación como una determinación “consensuada, sabia y responsable”. Asimismo, afirmaron que los créditos externos aprobados por la Asamblea Legislativa garantizan que el proceso siga su curso.

Propuestas
Abierta la posibilidad de postergación, el jefe de bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez, propuso la creación de un Comité Nacional impulsor del Censo. Asimismo, responsabilizó al presidente Arce, al Ministerio de Planificación y al INE por haber manejado el censo de forma poco transparente.  “Las mentiras del Gobierno con relación al Censo 2022 quedaron develadas con la suspensión de la actividad censal hasta 2024”, manifestó el opositor.

Sin embargo, los gobernadores de La Paz, Santos Quispe, y de Beni, Alejandro Unzueta, consideran la postergación como una oportunidad para coordinar las actividades censales con las entidades territoriales autónomas.

Motivos de la reprogramación
Tras serios cuestionamientos al proceso censal y con solo tres meses para su ejecución, el presidente del Estado, Luis Arce, y ministros de Gobierno junto al Consejo Nacional de Autonomías identificaron al menos 10 razones que impedían un proceso transparente y sin dificultades. No cabe duda que el “hermetismo” en la información fue el más reprochado en el encuentro.

Las autoridades recordaron las dos marchas realizadas en Santa Cruz que exigían un proceso transparente y las constantes peticiones de reuniones al INE por parte de los alcaldes, quieren deseaban conocer los avances y el estado de la etapa precensal.

En este tiempo, incluso se recurrió a acciones populares, peticiones de informe y conminatorias a la exministra de Planificación, Gabriela Mendoza, para informar sobre el proceso, que luego derivaron a una interpelación.

Otra observación fue la demora en la actualización cartográfica. El operativo inició en mayo, fecha en la que se tenía un avance de solo el 17%. Ese mes, los actualizadores se desplazaron en Pando, Beni, Oruro y Potosí. El lunes apenas comenzaron los trabajos en Santa Cruz. Hace unas semanas, el viceministro Álvaro Ruiz confesó estar preocupado por la demora en el desplazamiento en el área rural, que no había comenzado a tres meses del censo.

Una dificultad mayor fue la falta de adquisición de dispositivos móviles para la actualización cartográfica. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, reveló que por los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania hubo un alza de los precios en el mercado y la distribución del producto está afectada. A estos tres aspectos, se suma la falta de difusión de las preguntas de la boleta censal. Desde marzo, hubo infinidad de anuncios para su presentación y ninguno se cumplió.

La escasa coordinación y la limitación de la participación de los municipios también jugó en contra. La disposición para crear comisiones y las opciones de colaboración, nació de más de 60 entidades a través de la Ruta del Censo que buscaron ser parte.

El hecho más llamativo y casi preponderante que afectó el censo fueron las renuncias sorpresivas de autoridades y las nuevas posesiones que provocaron una crisis en el INE.

La séptima razón está ligada a la reciente sanción de la ley que aprueba el crédito de hasta $us 100 millones del BID para realizar el censo en el país. La quinta ola del coronavirus y los cambios climáticos en Pando y Beni también fueron incluidos en esta decisión. 

Finalmente, la migración por actividades agrícolas y la incorporación de idiomas originarios se suman a la lista de motivos.