La posibilidad de que el Censo de Población se realice en 2024 había sido informada por el exdirector del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, el 15 de abril de 2021, quien dijo que llevaría tres años la preparación de esta fotografía poblacional; el Gobierno intentó desmentir ese dato y a cuatro meses de su realización (tenía que ser este noviembre) confirmó lo que había declarado Arandia hace un año.

“Uno de los compromisos del INE consiste en la iniciación de actividades del proceso censal, esto no significa que el censo vaya a ser al año. Un proyecto censal mínimamente, en la medida que se tengan todas las condiciones técnicas, financieras y logísticas cumplidas, puede tardar tres años y medio. Hablamos de manera optimista, mínimamente sería el 2024, es un aspecto que debe ser tomado en cuenta”, alertó Arandia en ese entonces.

La declaración desató protestas en todas las regiones que exigieron respuestas del Ejecutivo y el Gobierno salió a desmentir a Arandia y dijo que el plan era llevar el Censo en 2022. Cuatro meses después, el 21 de julio, emitía el decreto 4546, un documento corto de una decena de artículos que fue cuestionado por el senador tarijeño, Rodrigo Paz, porque lo consideraba excesivamente genérico.

Desde ese momento empezó el cuestionamiento a todo el trabajo del INE que estaba a cargo de todo. Santa Cruz fue la región que más reclamó e intentaron vanamente que el director Arandia explique a las regiones cómo se realizaría el Censo en tan poco tiempo.

En enero de este año, el Gobierno aprobó el decreto 4664 y dispuso de Bs 65,4 millones para la contratación de personal y adquisición de equipamiento. Ese decreto está en ejecución. A mediados de abril, la entonces ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, informó que se ajustó la realización del Censo a la cifra de $us 68 millones y que serían cubiertos con préstamos del BID y Fonplata. Esos créditos ya fueron aprobados por la Asamblea.

En mayo, el entonces director Ejecutivo del INE, Humberto Arandia, presentó su renuncia al cargo por razones de salud y develó conflictos con la ministra de Planificación, ese documento se hizo público recién el 8 de junio a través de la carta filtrada. Al día siguiente de conocerse la misma, el Gobierno decidió el cambio de la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, y la reemplazó con Sergio Cusicanqui.

Al día siguiente de esa posesión el Gobierno presentó a Gastón Cordero como el nuevo director ejecutivo interino del INE y dijo que a cargo de la parte operativa del Censo quedaba Marta Oviedo, que ya comandaba ese proceso.

El 24 de junio, el nuevo ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, acudió a una petición de informe en la Asamblea. En esa sesión reveló los muchos problemas que tenía el Censo y dividió en dos, etapa precensal y censal.

En la etapa precensal identificó cuatro riesgos: el acceso a las regiones donde existen problemas de límites; el alto nivel de politización que podía dificultar todo el proceso; el costo de los equipos tecnológicos que ya sufrió un incremento desmesurado con la pandemia del Covid-19 y volvió a alterarse con la guerra en Ucrania; y finalmente la aparición de la nueva ola de la pandemia que podía dificultar el trabajo de los funcionarios.

Para la etapa censal identificó tres riesgos: el alto nivel de politización del trabajo de los censadores; el peligro de la destrucción de material censal después de la jornada; finalmente el problema de los límites en las regiones y que puede provocar conflictos a la hora de tomar los datos.

Seis días después el Gobierno tomó la decisión invitar a los gobernadores y representantes del Consejo Nacional de Autonomías. Esas invitaciones están fechadas el 29 de junio, tres días después que el ministro Cusicanqui alertara de riesgos en el Censo ante los parlamentarios.

Dos semanas después (12 de julio) se hizo oficial la reprogramación del Censo, aunque el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) dijo en conferencia de prensa que solicitará la postergación, los asistentes al evento relataron que es una decisión (la postergación) que no puede ser modificada y por tanto, el censo se realizará en 2024, tal como había dicho Arandia en abril de 2021.