Una reunión del Consejo Nacional de Autonomías decidió ayer reprogramar el Censo Nacional de Población y Vivienda hasta el año 2024, ante factores que puedan afectar el desarrollo y la precisión de los datos que se recolecten con esa actividad. Al encuentro acudieron ocho gobernadores departamentales, representantes de municipios y autoridades nacionales.
“La realización del Censo de Población y Vivienda se constituye en una prioridad nacional y una herramienta fundamental para la planificación del desarrollo nacional y local”, destaca uno de los puntos resolutivos fruto del encuentro, puntualizando la importancia de descartar intenciones político partidarias en esta actividad.
La resolución plantea que se asuman todas las medidas para ajustar el calendario censal y de esa forma se garanticen resultados de alta calidad, para ello se sugiere postergar la medición hasta una fecha entre los meses de mayo y junio de 2024.
El presidente, Luis Arce Catacora, expresó su agradecimiento y felicitación a todos los participantes del encuentro por garantizar un trabajo claro y transparente en esta medición nacional. “Todos en esta reunión hemos manifestado la predisposición por llevar adelante un Censo absolutamente responsable y con transparencia”, enfatizó.
Para el alcalde paceño, Iván Arias, la determinación es destacable por tratarse de una medida concertada y madura que permitirá trabajar en temas que aun quedan pendientes. “Felicito la decisión mancomunada que se tomó. Vamos a un Censo de concertación y no de confrontación”, afirmó desde sus redes sociales.
Por el contrario, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, señaló que la postergación afecta a su municipio al no percibir nuevos recursos en base a la real cantidad de habitantes con que se cuenta, por lo que anunció solicitar una reunión con el primer mandatario, representantes del INE y los alcaldes de ciudades capitales. “Sigue creciendo la población y no tenemos ingresos de coparticipación porque se va a otras regiones”, afirmó.
Por otro lado, los parlamentarios de oposición insisten en sus cuestionamientos y calificaron la determinación como una estrategia para ganar tiempo, para fraguar un fraude, para alterar datos estadísticos y económicos, además de malgastar recursos.