Tras darse a conocer la reprogramación del Censo Nacional de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz anunció que se trabajará en la aprobación de un decreto supremo para oficializar esta determinación.

"Antes del decreto, el presidente (Luis Arce) quería que exista un nivel de consenso, que se aclaren todas las dudas, observaciones y politizaciones que están haciendo algunos actores políticos; seguramente eso se va a plasmar en un decreto en los próximos días", indicó Ruiz

También afirmó que fueron varios factores los que incidieron en la decisión de reprogramar la fecha del Censo que inicialmente estaba previsto que se realice el 16 de noviembre.

Entre los motivos que obligaron para cambiar la fecha se encuentran: la situación del coronavirus, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los gobiernos autónomos municipales, indígena, originarios, campesinos, entre otros.

El Gobierno fijó hace un año el 16 de noviembre de esta gestión como la jornada en que debía celebrarse el censo de población y vivienda y anticipó que los resultados oficiales se conocerían en 2023.

En abril pasado, se estableció que la labor censal costaría unos 68 millones de dólares que en su mayoría estaban garantizados por créditos de entidades internacionales como el Banco de Desarrollo - Fonplata, el Banco Interamericano de Desarrollo y una contraparte del Tesoro General de Bolivia.

Desde su inicio el proceso recibió críticas de algunas regiones que consideraron que la consulta sería clave para una posterior distribución de los ingresos o asignación de representación política en el Parlamento de acuerdo a la población.

En tanto que la oposición cuestionó que la boleta censal no incorpore la categoría mestizo como forma de pertenencia étnica, mientras que algunas iglesias y organizaciones religiosas reclamaban que se pregunte sobre la profesión de fe de la población.