Finalmente quedó establecido que las autoridades del gobierno y, particularmente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), le estaban mintiendo al país cuando decían que el proceso para la realización del Censo de Población y Vivienda en noviembre de este año estaba sobre ruedas, que la boleta censal estaba casi terminada y que no habría problemas con la cartografía, entre otros aspectos.

Finalmente, el gobierno admitió el fracaso del proceso censal y, tras un pedido del Consejo Nacional de Autonomías, decidió postergarlo para el año 2024, pero tal parece que se les fue la mano con el tiempo.

Cuando las regiones y líderes de opinión advertían sobre los retrasos en la programación del censo apostaban a su diferimiento por unos pocos meses para garantizar que todas las etapas fueran cumplidas y, sobre todo, pedían que el proceso se desarrollara con transparencia y con participación de todos los actores involucrados en el proceso, como gobernaciones, municipios y otros, y no en el más absoluto secretismo como se estaba llevando adelante.

Sin embargo, el gobierno decide patear el tablero y diferir el censo para el año preelectoral de 2024, lo que hace suponer que las condiciones serán peores que las actuales.

El Consejo de Autonomías, en su pedido de postergación, esgrime argumentos como el Covid-19, la necesidad de socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los gobiernos autónomos municipales e indígenas y originarios, las condiciones climáticas que generan la inaccesibilidad caminera y la migración interna por temporada de zafra, que afectarían el proceso censal.

Sin embargo, si en esta coyuntura, de aparente estabilidad política y social, no fue posible avanzar con un proceso concertado, menos se podrá lograr aquello en un año de fricciones políticas, cuando se estén definiendo las candidaturas y se esté acomodando el tablero rumbo a las elecciones generales de 2025.

Por otro lado, tirar el censo para el 2024 es una forma del gobierno de Luis Arce de deshacerse del problema, porque los resultados pueden tardar en darse a conocer mínimamente un año, lo que significa que el ansiado pacto fiscal, la redistribución de recursos y el debate sobre los escaños parlamentarios no sucederán en el actual gobierno. O ¿alguien cree que se puede cambiar aspectos tan sensibles, polémicos y centrales ese año, en plena campaña electoral?

El gobierno del MAS se ha caracterizado por su centralismo y su negativa a debatir las asignaciones presupuestarias con las regiones, mientras que ha sido muy comedido en entregar nuevas competencias a los municipios, por lo que no es descabellado pensar que la postergación por tanto tiempo tiene el objetivo de preservar este estado de cosas.

En lo que más a avanzado el Gobierno es en la obtención de recursos para financiar el censo. Por un lado, obtuvo un crédito de Fonplata por 40 millones de dólares y otro del BID para la realización de estadísticas y censos por 100 millones de dólares, de los cuales, 26 millones de dólares se destinarían a la realización del proceso de noviembre de 2022. ¿Qué ocurrirá con esos recursos ahora que el censo ha quedado diferido por tanto tiempo? Se espera que la transparencia prime en el manejo de estos
fondos.

Justamente, transparencia es lo que le faltó al INE en los preparativos del censo, a tal punto que en el camino renunció el director de la institución, Humberto Arandia, y un día después fue relevada del cargo la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, que era la cabeza del sector. Supuestas enfermedades y presuntos motivos personales se manejaron como los argumentos de estas dimisiones, pero ahora se sabe que la organización del censo estaba en crisis.

Las aguas no se quedarán tranquilas luego del anuncio gubernamental, por lo que las autoridades deberían ir diseñando alguna estrategia de concertación para evitar mayores crispaciones del ambiente social del país.