Este jueves 30 de junio el grupo de Juristas Independientes y los 9 Comités Departamentales para la Reforma, se reunieron para acordar la Propuesta final de Reforma parcial de la Constitución, para la Reforma judicial, vía Referendo Ciudadano.

Se trata de un momento importante que culmina una primera etapa iniciada a fines de 2021, cuando se elaboró y publicó el documento inicial. Pese a las dificultades de la pandemia y de la cambiante coyuntura nacional, se logró difundir la propuesta, desplegar un debate de alcance nacional y, especialmente, generar una primera respuesta ciudadana con la organización de 9 Comités Ciudadanos que, integrados por importantes personalidades departamentales, descentralizaron la difusión y el debate y crearon las bases de una estructura organizacional.

Se han desarrollado presentaciones y talleres de trabajo en los que se desmenuzó la Propuesta para mejorarla y en algunos casos corregir errores y vacíos, consolidando un documento final que plantea 3 cimientos de reforma para un primer momento de cambio estructural: El primer cimiento, busca independencia e idoneidad de los jueces supremos, cambiando su forma de selección y elección, de tal manera que los niveles políticos sean excluidos de la selección de postulantes, eliminando así las preferencias partidarias de cualquier signo y priorizando solo méritos e idoneidades. Para este fin, el paso trascendental es eliminar la atribución legislativa de selección de postulantes, establecida en la Constitución (Art. 158-5) creando en el mismo texto constitucional, la Comisión Nacional de Postulaciones que, integrada por 6 miembros independientes, sea el organismo que convoque postulantes, califique méritos e idoneidades y conforme, con los mejores, ternas cerradas que vayan a la Asamblea Legislativa para una designación por 2/3 del total de sus miembros, designación sometida a Referendo popular aprobatorio, manteniendo así  el voto ciudadano, pero sobre una previa selección de postulantes verdaderamente calificados.

La reunión nacional incorporó al Fiscal General para que su designación pase por la previa y rigurosa calificación de la Comisión de Postulaciones; y se agregó el establecimiento diferenciado de ternas femeninas y masculinas para garantizar la equidad de género, por primera vez, en el Órgano Judicial.

El segundo cimiento, es el de un presupuesto suficiente para garantizar y ampliar un servicio judicial digno, con más jueces y fiscales, mejor pagados y con infraestructura y medios de trabajo que lleguen a todo el territorio nacional. Se inscribe para ello el 3% del presupuesto anual para la administración de justicia en la Constitución, cambiando al mismo tiempo la composición y designación del Consejo de la Magistratura para tener una eficiente administración de los recursos judiciales. Igualmente, la Comisión de Postulaciones calificará méritos, pero será el Órgano Judicial el que designe a los consejeros en base a ternas cerradas e integradas por los mejores postulantes. La reunión nacional de Comités Departamentales ha convenido que el nuevo Concejo de la Magistratura debe asignar anualmente un presupuesto a la justicia indígena originaria, no para sueldos sino para su desarrollo operativo.

Y el tercer cimiento es, precisamente, el de potenciar la justicia indígena originaria e instituir la justicia de Paz, como instrumentos constitucionales de resolución de controversias sin necesidad de jueces, fiscales y abogados. Para ello se elimina de la Constitución el mal llamado “deslinde jurisdiccional” que en esta década ha subordinado y disminuido a la justicia indígena, encargando al Tribunal Constitucional la resolución de cualquier conflicto de competencias, estableciendo una verdadera presencia indígena en ese Tribunal con la designación de magistrados indígenas a partir de las normas propias de los sistemas jurídicos originarios reconstituidos, al margen de las organizaciones corporativas y sindicales, actualmente cooptadas por el gobierno.

La justicia de Paz, se practicará en todos los municipios, que elegirán a ciudadanas y ciudadanos de prestigio para que, en la vía de la conciliación amigable, resuelvan todas las controversias menores, restableciendo la paz social sin necesidad de pleitos judiciales.

Los juristas independientes han anunciado que, antes del 16 de julio, ingresarán esta propuesta al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional para que, verificados los requisitos, les entreguen libros para la adhesión de 1.5 millón de firmas ciudadanas. A partir de ello, la Reforma estará ya en manos de la gente porque, lograda esa adhesión, el camino de las urnas, para efectivizar el cambio, quedará expedito.