La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)  informó que interpuso dos denuncias penales ante el Ministerio Público  por  explotación ilegal de oro en el río Chaquety, en la localidad  de Arcopongo. 

 “La AJAM determinó la existencia de actividades mineras ilegales, por lo que presentó dos denuncias penales por el delito de explotación ilegal de recursos minerales ante el Ministerio Público, a cargo de la Fiscalía de Quime”, señaló la entidad en respuesta a un cuestionario enviado por Página Siete. 

La AJAM denunció explotación minera ilegal luego de realizar una serie de acciones de verificación realizadas por  medios técnicos y operativos.

 La semana pasada,  pobladores del municipio de Inquisivi y mineros de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, que reclaman un derecho preferente sobre 50 cuadrículas de la Comibol,  se enfrentaron presuntamente con otro grupo de cooperativistas avasalladores.  El hecho dejó un muerto y cuatro heridos.

Al respecto, la entidad reguladora  reiteró que  la Cooperativa  Ullakalla Condorini no contó, ni cuenta, con ningún derecho otorgado para realizar actividades mineras en el lugar.  

“Dicha cooperativa únicamente presentó una solicitud de contrato de arrendamiento minero en  19 de diciembre de 2012 ante la Comibol, la cual fue rechazada y se encuentra firme y estable en sede administrativa”, precisó.

Según los representantes de la Cooperativa Ullakaya Condoriri sí  tienen el respaldo legal  y  acusaron a otras cinco cooperativas por  operar ilegalmente.

Las cinco cooperativas  son:  Villa Santiago Creston RL  (que cuenta con 20 socios), Chaquety Plaza B RL  (37) , Chaquety La Plaza RL  (42), Elena Pampa Río Chaquety RL  (39) y Palma Flor Chaquety RL (158).

 Según la AJAM,  las mismas   se encuentran afiliadas a la Central de Cooperativas Mineras de Arcopongo y se estableció   que cuentan con trámites de solicitud de contrato administrativo que a la fecha no han culminado y, por tanto, tampoco cuentan con ningún derecho minero.

Al respecto, el exministro de Minería Dionisio Garzón opinó que el Estado debe sentar presencia en el lugar  para  definir la legalidad o ilegalidad de cada una de las áreas.      “Lo que tienen que hacer es suspender las operaciones ilegales e iniciar un proceso administrativo o penal para que esa gente se normalice y el área se explote legalmente o  no se lo explote”, subrayó.   

Garzón agregó que se debe considerar que  al sudeste de Arcopongo está  la reserva natural Pilón Lajas. “Es  importante el cuidado del medio ambiente, como son operaciones artesanales normalmente hay  contaminación por residuos mineros y eso va a ser un problema   más grave si no se regulariza”, advirtió.