La Sala Constitucional cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió una acción popular en contra de cinco autoridades por las actividades mineras que depredan el Parque Nacional Madidi. El recurso pide una pausa ecológica con el cese de actividades extractivistas que afectan el medio ambiente y a los pueblos indígenas.

La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena explicó este sábado que la admisión de la Acción Popular en contra de las actividades depredadoras en el Madidi, es un logro importante para el departamento de La Paz, porque acerca a lograr una pausa ecológica para la reserva que está “siendo invadido y severamente afectado por la minería ilegal, la explotación forestal indiscriminada e incluso actividades como el narcotráfico”.

De acuerdo a Requena, el pasado 7 de julio, la Sala Constitucional cuarta del departamento de La Paz admitió la Acción Popular  y convocó a los accionantes a una audiencia fijada para el día 29 de julio a horas 11:30 de la mañana.

La acción popular fue interpuesta contra el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz; el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani; el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio; la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Carmen López y, el Gobernador de La Paz, Santos Quispe.

La senadora destacó que el recurso fue admitido por el Tribunal “sin ninguna observación en lo principal ni en lo accesorio” por lo que se apunta a que se declare una pausa ecológica en la zona del Parque Nacional Madidi, como medida cautelar para prevenir el incremento de la destrucción de este sitio que alberga a la mayor diversidad biológica del mundo con el 50 % de las especies de plantas y animales de Bolivia.

“Esta pausa debería darse en toda la extensión que comprende la jurisdicción del área protegida y que se encuentra afectada por la explotación minera descontrolada e ilegal y tendría el efecto de paralizar las actividades depredadoras que hemos verificado, y que es generada por grupos irregulares probablemente apoyados por intereses económicos y políticos” señaló.

Exhortó a las instituciones paceñas y a las organizaciones de defensa del medio ambiente, que apoyen esta iniciativa para que se detenga la destrucción de este sitio de importancia mundial donde habitan además varias comunidades indígenas que están en grave riesgo debido al envenenamiento de las aguas, la desaparición de su hábitat y la reducción de su territorio.

Lo que reclama la Acción Popular

1) Los asentamientos mineros ilegales en el área protegida, con presencia de dragas y balsas auríferas.

2) La alteración de la corriente natural de los ríos de la región, identificándose cambios traducidos en brechas y surcos artificiales, lo cual constituye un riesgo por la incertidumbre de un daño grave e irreversible, como se podría establecer en áreas anteriormente afectadas y con nula capacidad de regeneración.

3) La contaminación por mercurio en todos los ríos de la zona (Rio Kaka, Beni, Madre de Dios y Tuichi) que pone y pondrá en riesgo el equilibrio ecológico del área natural de manejo integrado (ANMI) Parque Nacional Madidi y la salud de los pueblos indígenas que habitan en el lugar.

4) El riesgo en el que se encuentra el equilibrio ecológico del área natural de manejo integrado (ANMI) Parque Nacional Madidi, debido a las intervenciones antrópicas respaldadas en el Artículo 220 de la Ley N°535, de Minería y Metalurgia, y la burocracia desmedida en la otorgación de derechos mineros que deriva en la explotación ilegal de minerales en zonas de protección especial.

5) La presencia de cooperativas mineras en el área protegida.

6) La presencia de grupos irregulares que impiden el paso a zonas de conflicto donde acontecieron vulneraciones a derechos fundamentales y humanos.

7) La existencia de desplazamientos internos de población como resultado de conflictos derivados por la explotación legal e ilegal de oro en áreas protegidas.

8) La presencia de grupos armados que defienden territorios que fueron apropiados por grupos irregulares que están dedicados a la explotación ilegal de oro.

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