En sala plena, tres vocales suplentes junto a la vocal designada por el Presidente, Dina Chuquimia, definirán si cuatro vocales denunciados por dos parlamentarios del MAS serán destituidos por no retirarle el aval parlamentario al diputado Rolando Cuéllar, a quien acusaron de tránsfuga, tras haber cuestionado el liderazgo de Evo Morales y la falta de renovación de dirigencia del partido gobernante.
El senador Hermo Pérez y el diputado Pascual Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y considerados del “ala dura” del partido oficialista, en denuncia presentada por presuntas faltas “muy graves” solicitan la suspensión de funciones de los vocales del TSE: Nancy Gutiérrez Salas, Francisco Vargas Camacho, Oscar Hassenteufel Salazar y Tahuichi Tahuichi Quispe, antes Daniel Atahuichi Quispe.
En memorial presentado el 6 de julio, los demandantes señalan que el 3 de marzo se hizo conocer al TSE la expulsión del diputado suplente Rolando Américo Enríquez Cuéllar, por “la falta muy grave de transfugio” y que se solicitó al Órgano Electoral la baja de la militancia y baja del registro como militante del MAS. 
Sin embargo los vocales ahora denunciados consideraron que no se cumplió con el debido proceso, porque el estatuto del MAS viola el principio de legalidad. A la par decidieron esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia ante la cual interpuso una acción directa de inconstitucional el diputado Cuéllar, quien consideró que se vulneraron sus derechos.
Los asambleístas denunciantes señalan que “queda absolutamente clara, que el TSE, admite sin más trámite, por tanto, no tenía que realizar ningún tipo de valoración ni de forma y menos de fondo respecto a la sanción (contra Cuéllar), más al contrario sólo le quedaba cumplir la ley”.
Los argumentos esgrimidos por los parlamentarios coinciden con la posición expresada por Chuquimia, quien dijo que los vocales no podían manifestarse sobre el fondo del asunto, y que debían dar curso a la expulsión de Cuéllar sin mayor trámite.
“Se evidencia que el Tribunal Supremo Electoral, maliciosamente ha incurrido en actos dilatorios para pagar o perder tiempo (como se entienda), hasta que el expulsado Rolando Cuéllar pueda realizar actos procesales para impedir su baja y que se habilite al nuevo diputado correspondiente, hasta parece que la dilación pareciera que fue base de un acto consensuado”, señala partes del documento al que accedió Brújula Digital.
Los parlamentarios denunciantes señalan que los vocales ahora denunciados “innecesariamente han favorecido, inventando actos administrativos que no existen, con el solo fin de negarse a cumplir la ley (…). Han justificado un proceso inexistente para favorecer a un diputado suplente, y de la forma más vergonzosa y ordinaria, con lo cual han puesto en tela de juicio la imparcialidad del TSE”.
Abstención y quórum mínimo
Los denunciantes piden además que los vocales denunciados se abstengan de conformar sala plena para el conocimiento de la denuncia y el proceso y se convoque a sus suplentes: Nelly Arista Quispe, Yajaira San Martín Crespo y Carlos Eduardo Gómez Rojas a “efectos de constituir el quórum mínimo de sala plena, sea de inmediato para el cumplimiento de plazos procesales”.
La denuncia interpuesta por los asambleístas Pérez y Choque se realiza en momentos en que las pugnas internas del MAS se profundizan, y tras la denuncia pública realizada por el diputado Cuéllar, quien sacó a la luz pública una carta de agradecimiento dirigida al narcotraficante argentino José Miguel Farfán y firmada por el vicepresidente del MAS; Gerardo García, quien a su vez negó el extremo.
El narcotraficante fue extradito a su país en 2019 acusado de pertenecer a una red internacional de crimen organizado. En el documento firmado presuntamente por Gerardo García, segundo hombre del MAS, se agradece a Farfán por los “aportes generosos a la campaña electoral”.
La Ley 1096 de organizaciones políticas establece que una de las causales para cancelar la personalidad jurídica de un partido es vulnerar las restricciones referidas al financiamiento. Además indica que una organización política no puede recibir aportes financieros de origen ilícito.