La reforma de la Justicia en Bolivia es una tarea pendiente y que se viene trabajando con dos finalidades, según expertos: cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales y, la principal, darles una respuesta a las víctimas de delitos.

En el conversatorio “Justicia, la reforma impostergable”, organizado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), la Vicepresidente del Estado y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, se hizo conocer algunas propuestas que pasan por abrir la Constitución Política del Estado (CPE) y realizar modificaciones, así como para la elección de los nuevos administradores de Justicia del país. Sin embargo, estas mismas aún no logran el consenso esperado para avanzar hacia esos cambios estructurales que se quieren.

Por otro lado, hay coincidencias en la necesidad de mejorar la malla curricular universitaria y ponerle más atención a la justicia indígena originaria.

De este primer encuentro participaron el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima, la magistrada Karen Gallardo, la senadora Virginia Velasco, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el representante de la Fundación para el Debido Proceso, Ramiro Orias, y el presidente de la Comisión de Justicia de la Federación de Campesinos Tupac Katari, Elvis Ochoa.

El objetivo es identificar los problemas estructurales de la Justicia y buscar soluciones, tomando en cuenta que hasta ahora no hay una visión común sobre cómo abordar la reforma.  

Todos coinciden en que se ha intentado “de todo”, a través, principalmente, de la implementación de nuevas leyes, pero no ha funcionado.

PROPUESTAS

Para el representante de la Fundación para el Debido Proceso, la transformación de la Justicia pasa por la vía del referendo popular con una reforma parcial de la CPE. Uno de los ejes es la modificación de los sistemas de postulación y selección y para esto plantea una comisión nacional de postulaciones, con ciudadanos independientes, que elijan una terna para enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y se apruebe por dos tercios para luego ser refrendado en un referendo por el voto ciudadano.

Advirtió que hay el modelo de elección actual es político, es decir que pasa por la Asamblea, sin ningún filtro mientras que su planteamiento es uno técnico y de institucionalización a través de una instancia plural con políticos, académicos, sociedad civil, entre otros.

“El procedimiento y la calificación es conforme a la Constitución y serán los ciudadanos quienes mantengan o no la decisión. La reforma estructural es a largo plazo a través de la reforma constitucional”, explicó.

Considera que esto debe lograrse a través de un acuerdo nacional sostenido en la madurez política y la voluntad institucional, caso contrario, “será la ciudadanía que lo impulse”. Anteriormente, el abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), José Antonio Rivera, adelantó que, en este caso, se requiere 1.400.000 firmas que permitirán pedir al Tribunal Supremo Electoral que convoque al referendo y aprobar la reforma constitucional.

El ministro de Justicia explicó que nos encontramos ante dos modelos, el primero que es democrático y constitucional y pasa por la elección mediante el voto popular, es decir, que la Asamblea elige a 26 postulantes, como lo hizo en 2012 y 2017.

El otro, dijo, es un modelo “no tan democrático” porque se deje a un “grupo iluminado” de 6 o 7 personas la elección y luego se debe ratificar su decisión en la Asamblea.

Con respecto a la Constitución, recordó que fue construida con el 61% de la población en 2009 y que, aunque en principio planteó que pueda abrirse, le dejaron en claro que “es fruto de la sangre del pueblo y no es admisible cambiarla”.

“La ley no está escrita en piedra”. Esa fue la respuesta de Rodríguez Veltzé a Lima respecto a esta nueva postura.

“La Constitución de 2009 es extraordinaria en participación y los problemas hay que empezar a debatirlos. Si la escribimos podemos mejorarla en temas de justicia. Este es el momento”, sostuvo.

A su vez, dijo que apoya el cambio en la modalidad de elección de los magistrados. 

Más antes Ochoa puso en duda la aplicación de la Constitución para lograr avances en la justicia.

A su vez, ya en 2015, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, según El País, se refirió a la reforma de la Constitución para aplicar sanciones por retrasos y dilaciones en los procedimientos. Cuatro años antes impulsó que los magistrados sean elegidos mediante sufragio. Hubo 29 mujeres y 27 varones designados como vocales, pero también un 65% de votos nulos y blancos.

Entre las propuestas en la primera cita de los Diálogos Plurales para la Transformación de la Justicia en Bolivia también surgió la de mejorar la Ley de Deslinde Jurisdiccional porque tiene vacíos; lograr una justicia restaurativa, concebida como la que no castiga sino sana; y la aplicación del enfoque de género.

En la clausura, el vicepresidente afirmó que existe una obligación de diálogo y participación entre todos.

Por la celeridad y la ética profesional

Los expositores también sostienen que la reforma de la justicia pasa por hacer modificaciones en la malla curricular en las universidades para garantizar la ética profesional y mejorar la justicia indígena originaria para dar celeridad a los procesos.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Túpac Katari, Elvis Ochoa, reconoció que es un gran avance la creación del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesino, sin embargo, no es suficiente porque no hay resoluciones oportunas. Si bien le da más facultades al pueblo indígena, dijo que se debe pensar en crear coordinadoras en las diferentes regiones. a

Asimismo, propone implementar en la malla curricular de las universidades la justicia indígena.

A su turno, el representante de la Fundación para el Debido Proceso coincidió en que para revalorizarla se debe apuntar a una justicia accesible e intercultural. Plantea establecer los servicios judiciales en municipios a través de los jueces de paz. 

La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado, la senadora Virginia Velasco, destacó la importancia de la justicia indígena porque tiene una administración rápida y oportuna a través de una Asamblea. Indicó que se debe seguir fortaleciendo desde las 36 naciones y trabajar en conciliaciones vecinales para no judicializar todos los procesos.

A su vez, cree que se debe llegar a las universidades para trabajar desde la formación académica.

“No se está formando con vocación ni con ética profesional. Muchos piensan que se puede comprar la justicia”, añadió.

Por su parte, el ministro de Justicia considera que el país debe aportar a la justicia de paz y a la indígena originaria.

Dijo que se trabaja en la refuncionalización de los juzgados y la institucionalización, pero con 1.100 jueces en el país no se puede avanzar lo necesario, por lo que la justicia indígena será de gran ayuda.  

Para el expresidente Rodríguez Veltzé hay mucho que hacer en las universidades.

“La ley está ahí, pero los profesionales contribuyen a darle la vueltita”, lamentó.