En cumplimiento a la instrucción del presidente Luis Arce, el Ministerio de Justicia inició la investigación de la denuncia “referida a supuestos ‘aportes’ de origen ilícito que presuntamente fueron destinados al MAS-IPSP”, y aclaró que se “guarda reserva sobre la información que requiera, obtenga y analice” en torno a la pesquisa.

Fue el diputado Rolando Cuéllar el que reveló una carta de 2017 atribuida al vicepresidente del MAS, Gerardo García, en el que agradece aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán. García denunció que la misiva es falsa.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que “en el caso de la denuncia referida a supuestos ‘aportes’ de origen ilícito que presuntamente fueron destinados al MAS-IPSP, el MJTI ha tomado conocimiento de la misma y en cumplimiento de las atribuciones establecidas en las leyes 004 y 974, ha iniciado las acciones de investigación que corresponden”.

No obstante, explicó que en el marco de la normativa legal debe guardar reserva del proceso de investigación abierto. “Una vez concluido el proceso de indagación, el resultado del mismo será remitido a las instancias competentes”, explicó.

Parte del artículo 29 de la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción establece que “las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción guardarán reserva sobre las denuncias, la identidad de los denunciantes y la documentación que sea de su conocimiento en la gestión de las mismas”, mientras que los servidores públicos o personal de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción deben “guardar confidencialidad respecto a la información a la que accedan en el ejercicio de sus funciones”.

En un plazo de 45 días deberá concluir la investigación con un informe final, aunque podrá extenderse el plazo por razones justificadas, de acuerdo a la norma.

Apoyada en la misiva revelada por Cuéllar, la oposición política envió una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la que le exigió actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.

Cuéllar espera una investigación y anunció que hará pública una segunda carta “mucha más grabe” en su contenido que la divulgada hasta ahora.

Desde el oficialismo, se presentó dos denuncias contra Cuéllar. García y el jefe de bancada del MAS Gualberto Arispe lo demandaron.