La denuncia por presuntos “narcoaportes” a favor del MAS, recibidos supuestamente por Gerardo García, es analizada por el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que luego de una investigación administrativa decidirá si interpone una querella en la vía penal. Mientras, el diputado Rolando Cuéllar, denunciante de la causa, alista más elementos de prueba para formalizar su demanda ante la Fiscalía Departamental de La Paz.

“Cualquier denuncia de hechos de corrupción o de posible legitimación de ganancias ilícitas debe pasar por una investigación administrativa a cargo del viceministerio de Transparencia y si de esa investigación administrativa se establece una posible responsabilidad penal, recién se presenta la denuncia al Ministerio Público. Debe estar en ese trámite”, explicó a EL DEBER el viceministro de Justicia, César Siles, a modo de aclarar cuál es el conducto regular que se sigue cuando llega una denuncia.

Este medio también contactó a la viceministra Ríos, encomendada por el presidente del Estado para realizar las pesquisas, pero no respondió en qué condiciones se encuentra la etapa de análisis de la denuncia y pidió concretar una entrevista mediante la Unidad de Comunicación del Ministerio de Justicia.

La anterior semana, el diputado suplente del MAS Rolando Cuéllar presentó una carta con fecha 24 de enero de 2017, donde el vicepresidente del partido azul, Gerardo García, supuestamente agradece a Miguel Ángel Salazar Yavi por las “grandes” contribuciones económicas que realizó desde 2014 para los actos de campaña.

De acuerdo con los antecedentes, en febrero de 2019 el gobierno de Evo Morales detuvo a Salazar Yavi, cuyo nombre real es José Miguel Farfán, un narcotraficante argentino que fue entregado por Bolivia a ese país, luego de ser aprehendido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

García salió a desmentir la carta y denunció penalmente al legislador por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa. Un día antes, Cuéllar envió la documentación a los jefes de Estado y a dos ministros. El presidente Luis Arce instruyó la investigación del caso.

Ante este hecho, la bancada del MAS lanzó la advertencia de que el diputado se “metió en serios problemas” y prometieron investigarlo por los 19 procesos que tenía en su contra y que ahora no aparecen registrados.

Después de este voto resolutivo, ayer el legislador cruceño salió a defenderse y mostró que no tiene antecedentes penales ni policiales. Aprovechó para anunciar que la siguiente semana formalizará su denuncia sobre narcovínculos de la cúpula de su partido, ante la Fiscalía de La Paz, cuando revelará una segunda carta con un contenido “mucho más grave”.

“Aquí no nos van a callar con resoluciones, con inventos. Vamos a presentar el aval original (de la primera carta) y la segunda carta es mucho más grave que no sabe todavía el pueblo boliviano”, adelantó ayer.

Las disputas no acabaron ahí, Cuéllar también se dirigió al jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe, y lo acusó de “obstaculizar” las investigaciones sobre los “narcoaportes”.

Apuntó al diputado de Chapare ser “cómplice” en la investigación del narcotráfico. Rápidamente Arispe anunció una denuncia contra su colega por difamación y calumnias. Aseguró que defenderá su honor y que la situación se agravará porque “esto no termina aquí”.