La libertad de expresión no es una coartada, es un Derecho Fundamental otorgado por la Constitución que goza de la máxima protección jurídica ante los jueces y tribunales del país y como tal, no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. No es legítimo impedir la expresión de ninguna idea, cualquiera que sea su contenido y forma de expresión. Esta libertad solo tiene como límite el respeto a los otros derechos fundamentales con los que pueda llegar a colisionar y si el propósito no es el “desorden público”, las protestas ciudadanas son políticamente correctas, lícitas y no lesionan derechos de terceros. Las manifestaciones del 21 F no el desorden público, como lo interpreta un Subcomandante de la Policía cazador de la opinión pública, “barredor de la libertad de expresión”, a través de la amenaza, de coacción. Es solo la manifestación cínica de un interés sin vergüenza al servicio del rédito personal, electoral, es un pretexto innoble sin consistencia jurídico legal.

El presidente Evo Morales, que se considera intachable, indigno de señalamientos o críticas, recibe ahora, según él, hostigamiento que se disfraza de “desorden público”. Al verse enfrentado públicamente a sus contradicciones, a las manipulaciones legales, a las mentiras, el dignatario parece preocupado de perder la influencia, el privilegio, la impunidad.

Sin el contrapoder del soberano, la libertad, la democracia, la decencia, son imposibles. El derecho fundamental a la libertad de expresión parte del reconocimiento universal de que tal libertad está grabada en el código genético del Estado democrático, constituye un medio insustituible del sistema de libertades públicas y es el único medio del ciudadano para pedir cuentas al poder en protección del interés público.

¿Qué es de interés público?, es detectar y exponer toda inconducta antisocial, delitos y atentados contra la Constitución y las Leyes. Sin libertad de expresión el resto de los derechos no existen. La protesta cívica es el único medio eficaz para convertir al poder en una categoría verdaderamente humana, racional y sujeta a límites.

La buena noticia es que el soberano (el pueblo) rompió el silencio y el temor, ya tomó una decisión: quiere el cambio de un sistema que pone en riesgo la consolidación de la democracia, quiere los Órganos: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, con independencia y no sometidos a injerencias del poder político.