El presidente Luis Arce ha ordenado a su equipo investigar la denuncia de presuntos vínculos de la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS) con el narcotráfico, según informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

El caso hace referencia a la denuncia que hizo el diputado Rolando Cuéllar, quien exhibió una carta firmada por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, con fecha 24 de enero de 2017, en la que este último agradece a Miguel Ángel Salazar Yavi por sus aportes económicos a las campañas del partido.

La frase textual de la carta dice: ‘Como vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, de parte de nuestro presidente Evo Morales Ayma, y la dirección nacional y todos sus dirigentes del MAS-IPSP agradecemos a nuestro hermano Miguel Ángel Salazar Yavi por las grandes contribuciones económicas que viene realizando, desde las elecciones de 2014 hasta el momento, porque gracias a su generosa contribución pudimos resolver nuestra campaña en diferentes etapas electorales’.

Hasta ahí no habría ningún problema si no fuera porque el nombrado Miguel Ángel Salazar Yavi en realidad se llama José Miguel Farfán y se trata de un conocido narcotraficante argentino, que el año 2019 fue entregado por Bolivia a su país tras ser aprehendido en Santa Cruz.

En Bolivia, Farfán se hacía pasar como un acaudalado empresario ligado al agro y a los bienes raíces, pero en realidad su fortuna provenía del narcotráfico y desde allí hacía sus aportes a las campañas del MAS.

El diputado denunciante dijo que además de esa misiva, hay otra carta que está en manos del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y del ministro de Justicia, Iván Lima, cuyo contenido no dio a conocer para no entorpecer las investigaciones y que no se den a la fuga unos supuestos palos blancos.

El ministro Lima dijo que ahora es el Viceministerio de Transparencia el que tomó parte del caso y abrió una investigación para determinar esos presuntos vínculos del MAS con el narcotráfico en las elecciones que llevaron a Evo Morales a la Presidencia.

Lima asegura que también el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendría que ocuparse del asunto. La ley establece que cuando un partido recibe financiamiento de origen ilícito se debe anular su personería jurídica.

Es obligación del TSE actuar sobre este tema, y más después de que parlamentarios de Comunidad Ciudadana formalizaron una denuncia, aunque por la actual composición de ese órgano del Estado poco o nada se puede esperar, precisamente por la marcada afinidad de sus integrantes con el partido al que tendrían que investigar.

De momento es de destacar la decisión del presidente Arce que dio la orden para hacer la investigación desde el Ejecutivo. Se espera, naturalmente, que las indagaciones avancen y muestren resultados con transparencia. La ley es la ley y es de cumplimiento obligatorio para todos; y si el partido en función de Gobierno recibió dineros del narcotráfico en el pasado, debe ser sancionado como corresponde.

Del mismo modo, el TSE que suele adoptar posiciones ambivalentes y que en ocasiones tira la brasa caliente al Tribunal Constitucional, en este asunto debe pronunciarse y asumir su responsabilidad abandonando aquella actitud del ‘no me corresponde’ que en varias oportunidades anteriores asumió por comodidad y falta de responsabilidad.