Del 15 al 22 de febrero de 2022, por invitación del Gobierno se hizo presente en nuestro país el Relator de Naciones Unidas para la Justicia, Diego García-Sayán
Todo lo que los bolivianos sabemos de su informe, está relacionado principalmente por los temas políticos, principalmente por el inventado caso de la expresidenta Jeanine Áñez, los inventados juicios de casos Golpe 1, Golpe 2 y la inmisericorde actuación y presión del Gobierno a jueces y fiscales para lograr condenas injustas y tratos inhumanos a los presos políticos de Bolivia.

Pero leyendo el informe, al cual califico de muy bueno, tiene elementos de fondo que afectan al ciudadano común, el cual se ve obligado a acudir a un poder judicial que ha tocado fondo en varios aspectos resaltados por el informe, y que me han llamado la atención y quiero compartir a través de este artículo.

El informe hace una evaluación de la debilidad de la carrera judicial en Bolivia, la cual no existe, otros países tienen escuela de jueces, escuelas de notarios y facultades de Derecho para formar abogados.

El rezago procesal, es decir el tiempo que tarda un juicio en sustanciarse, es de alrededor de 10 años y los datos es que el 57% de los juicios están atrasados, eso quiere decir que 6 de 10 casos no tienen justicia a tiempo, y anualmente este rezago va creciendo, lo que puede causar un colapso del sistema judicial.

El abuso que hacen jueces y fiscales a la detención preventiva es alarmante, 70% de los detenidos en las cárceles de Bolivia no tienen sentencia, lo que hace que el sistema penal sea inquisitivo y antidemocrático, el hecho de tener a los detenidos preventivamente juntamente con la población carcelaria sentenciada, trastoca el concepto de la privación de libertad, donde el principio es que se restringe la libertad de una persona para lograr su reinserción social, pero todos sabemos que más bien las cárceles se han convertido en escuelas del delito.

El impacto de la corrupción, que consiste en la extorsión de jueces y fiscales a los ciudadanos, ha generado una desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, que es visto al igual que la Policía Nacional, como las entidades más corruptas del país. Es imposible construir un país serio sin un poder judicial independiente y sin una policía confiable, este tema se agrava porque Bolivia es uno de los pocos países que no tiene una ley de transparencia y libre acceso a la información pública, que le daría al ciudadano la posibilidad de controlar a los poderes del Estado y a los funcionarios públicos un control que ahora es inexistente para el ejercicio de su función.

Debido a la corrupción imperante, hay dos delitos que se cometen de forma asidua, pero que ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público investigan y castigan, son aquellos referidos a la violación de los Derechos Humanos y los feminicidios. El primero porque afecta al sistema político imperante, y el segundo porque las mujeres son el segmento de la población más desprotegida.

Según datos del año 2021, Bolivia contaba con una población penal de 18.703 detenidos, en 20 recintos penitenciarios habilitados en todo el país, pero que tienen una capacidad de solamente 5.346 presos, lo que nos da una alarmante tasa de hacinamiento carcelario del 349% y de los cuales 7 de cada 10 presos no tienen sentencia.

Una cosa que el informe resalta, no olvidemos que el Relator se reunió con el presidente Luis Arce, los ministros de la Corte Suprema, el fiscal general, el contralor, el ministro de Justicia, el procurador general del Estado, y todas las autoridades de los tres poderes del Estado, es que no existe una voluntad política para un proceso de reforma de la justicia.

Esta conclusión es lapidaria para el Gobierno, pero como he ejercido la política muchos años y entiendo perfectamente las señales, ya que los años que estuve de diputado ejercí todos los cargos en el área de la justicia llegando a ser presidente de la Comisión de Constitución y Justicia, antes de ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados, entiendo la gravedad de la situación para la gente que esta obligada a recurrir a los tribunales, para quienes, teniendo la razón, están obligados a coimear a todos los funcionarios, empezando por los diligencieros y terminando en el juez para que un fallo judicial les haga justicia. Sencillamente esto va a colapsar. 

 Pero al Gobierno, por su esencia totalitaria, no le interesa porque si ellos no manejan el Poder Judicial, si no tienen fiscales serviles, es imposible consolidar su esquema gubernamental totalitario, puesto que con un poder judicial independiente, no estuviera detenida Jeanine Áñez ni los miembros del Alto Mando Militar, los ministros que tuvimos que salir exiliados por el caso de 2003, estuviéramos en Bolivia, no hubiera existido caso terrorismo 1 y 2, no estuvieran desfilando los expresidentes ni los dirigentes políticos opositores ni los gobernadores.

Las dictaduras militares nos metían presos, nos exiliaban, y no necesitaban el Poder Judicial para la represión, hoy para las dictaduras del socialismo del siglo XXI, como tienen que guardar ciertas formalidades, es imprescindible controlar el Poder Judicial para el amedrentamiento, la represión y el doblegamiento de la oposición, que muchas veces por miedo se vuelve funcional al poder.

La reforma de la justicia, debe ser parte de la agenda política de la recuperación de la democracia y la libertad. En dictadura no hay justicia independiente.