Si bien el gobierno de Luis Arce es menos estridente que el de Evo Morales, ambos se parecen mucho en el ejercicio del poder. Por ejemplo, si no tienen dos tercios en la Asamblea Legislativa para elegir a altos funcionarios del Estado, emiten decretos para su nombramiento directo.

Ese mecanismo utilizó el expresidente Evo Morales cuando nombró, en el año 2008, al entonces diputado del MAS Gabriel Herbas como controlador general del Estado interino, cargo que ejerció durante ocho años, dos más de lo que prevé la Constitución para los titulares de esa cartera.

En 2016, Herbas fue reemplazado por Henry Ara, quien sí fue elegido por la Asamblea Legislativa, cuando el MAS ya contaba con los dos tercios de votos requeridos para ese nombramiento.

Herbas cumplió los seis años de su gestión y, como ahora el MAS carece de dos tercios de votos en la Asamblea, el presidente Luis Arce nombró a Nora Mamani, una de sus más cercanas colaboradoras en el Ministerio de Economía, en el cargo de contralora general del Estado.

El opositor Comunidad Ciudadana acusó a Arce de usurpación de funciones porque ese nombramiento debió estar a cargo de la Asamblea. En la Constitución existe una contradicción respecto a la forma de nombramiento de esta autoridad. Mientras el artículo 214 señala que debe ser elegida por dos tercios de votos del Legislativo, el artículo 170 indica que será nombrada por el Presidente, pero de una terna enviada por la Asamblea. En esta ocasión no hubo ni terna y ni elección por parte del Legislativo, por tanto, Arce se pasó por alto al primer poder del Estado para designar a alguien de su confianza para que fiscalice su gestión.

Esta forma de designar interinos vulnera el principio de equilibrio de poderes y concentra las decisiones únicamente en el Ejecutivo, lo que a la larga puede encaminar a la gestión de Arce hacia un gobierno autoritario.

Si la Constitución establece el mecanismo de los dos tercios de votos es porque, en esencia, se busca que las fuerzas políticas logren consensos en los temas más importantes de la vida nacional. Al nombrar una autoridad por decreto, Arce echa por tierra ese fundamento democrático.

“La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”, indica la Constitución. La pregunta es si Mamani, que fue funcionaria de Arce, será capaz de fiscalizar la gestión de su jefe.