Este pasado miércoles 29 de Junio la Gobernación de La Paz anunció la destitución de la subgobernadora Genoveva Espinoza. Espinoza es una mujer joven conocida por su previo trabajo de caridad en la provincia Franz Tamayo de La Paz, y desde asumir el cargo de subgobernadora de dicha provincia, por su valiente oposición a las compañías mineras ejecutando explotación ilegal de oro en la zona. La gobernación explicó el despido de Espinoza debido a que ella hubiera “faltado el respeto” a dirigentes mineros y denunciado explotación ilegal “sin pruebas”, pese a que la exgobernadora envió dos informes con pruebas a la gobernación, aparte del material ya conocido públicamente en denuncias de grupos ambientalistas independientes y pueblos indígenas del Madidi. Por su parte, Espinoza indicó a la prensa que su despido se dio por presión de organizaciones que encubren la minería ilegal en la zona, además de mencionar que tanto ella como su familia reciben amenazas de dichos grupos. Esto abre la pregunta: ¿Cuál es el impacto de la minería de oro, legal e ilegal, en términos medioambientales, de derechos humanos e inclusive en la gobernabilidad de Bolivia?

El área protegida con mayor biodiversidad tanto en flora como en fauna del mundo, el Área Natural de Manejo Integrado Madidi, se encuentra en parte de la provincia Franz Tamayo en La Paz de la cual Espinoza era subgobernadora. En febrero de este año se reportó que en este parque, que debería estar protegido y ser inaccesible para la explotación minera, ya se habían instalado 55 cooperativas mineras, mientras que dos tercios de aquellas operando lo hacen de forma ilegal. Para tal trabajo las cooperativas mineras deforestan de forma agresiva para permitir el ingreso de maquinaria pesada así como el material necesario para la explotación. Al mismo tiempo destruyen y desvían el cauce de los ríos presentes como el río Tuichi, daño que no es controlado ni revertido por ninguna institución del estado. De igual forma, el empleo de sustancias tóxicas que no son controladas como el mercurio contamina el agua causando intoxicación masiva de peces y vegetación de forma rápida, y a la larga de fauna en general y personas cuya alimentación depende de la pesca en estos ríos.

Esta contaminación por mercurio nos lleva a la clara violación de derechos humanos que conlleva la actividad minera de oro en el país. Un estudio internacional publicado en julio del 2021 advirtió de los altos niveles de mercurio encontrado en mujeres de la etnia Esse Ejja de Bolivia, cuya alimentación está basada en pescado de ríos del Amazonas boliviano - zona acechada por la explotación minera. Los altos niveles de mercurio encontrado en los organismos de las mujeres Esse Ejja, ocho veces más alto de lo normal, pueden explicar las afectaciones de salud que comunidades indígenas de la zona están experimentando, desde dolores de cabeza a pérdida de memoria. De igual forma, comunidades en el Madidi y alrededores han denunciado constantes amenazas y hasta restricciones a su libre circulación por los grupos que encubren la explotación ilegal, como también se da en Tariquía con comunidades opositoras a la explotación hidrocarburífera. Un claro ejemplo de resistencia a este tipo de amedrentamientos es la del líder indígena del Madidi Alex Villca, quien constantemente denuncia las presiones y amenazas en su contra por su labor de denuncia de trabajo minero ilegal en su territorio. Finalmente, también son numerosas las denuncias de trata y tráfico de mujeres y niños para su explotación sexual con trabajadores mineros como clientes. El aumento de la explotación minera en la Amazonia boliviana ha conllevado el aumento de la explotación sexual en la zona, con testimonios de niñas desde nueve años siendo secuestradas y llevadas a zonas auríferas.

¿Por qué tal actividad ilegal y con claros impactos negativos, tanto en derechos humanos como medioambientales, continúa no sólo impune sino que en aumento? Aquí entra la cuestión de la gobernabilidad: ¿El gobierno regula la actividad minera aurífera, o son los grupos ilegales mineros quienes regulan al gobierno? La respuesta, tristemente, puede encontrarse en el despido de Genoveva Espinoza. En lugar de investigar la explotación ilegal en el Parque Nacional Madidi, llevar a cabo un proceso legal en contra de quienes están destruyendo esta área protegida de forma ilegal, y buscar la reparación a los daños sufridos por la flora, fauna, pueblos indígenas y hasta mujeres y niños explotados en la zona, se procedió al despido de la subgobernadora, incluso reivindicando la imagen de los mineros al recalcar la “falta de respeto” por denuncias de sus actividades, en una clara muestra de un “mundo al revés”. Este abuso extractivista al Madidi y al medio ambiente no sólo responde a la crisis económica que enfrenta el gobierno sino a una mayor crisis institucional, y hasta de gobernabilidad. La pregunta queda, una vez más, para la sociedad civil, que debe decidir si hacer ojos ciegos a este “mundo al revés” o reivindicar valores perdidos a través de una defensa de territorios como el Madidi, Tariquía y la Chiquitanía, entre otros. La defensa del medioambiente parece ser la única cura y salida a todas las crisis, económicas, gubernamentales, de derechos humanos y hasta de ética y moral, que enfrenta el país.