El Tribunal Electoral Departamental se precipita por una peligrosa cornisa. En asunto de claro interés partidario, e incluso meramente personal, la principal institución que debe velar por la institucionalidad democrática está poniendo en juego su credibilidad, al fin y al cabo, su única fuente de poder, pues aún no ha habido una sola Sala Plena que haya aguantado las críticas parapetadas tras lo dispuesto en la Constitución.

Hace unas semanas lo descartó, pero todo ha cambiado de color conforme ha crecido la presión del partido del gobierno nacional, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que está especialmente interesado en cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Departamental. Lo intentaron por la vía de la interpretación sui géneris de los reglamentos de votación, pero finalmente la vía que está dando resultado es la de hacer caer a un asambleísta que tal vez se las prometía muy felices.

El asunto parece de manual, pero el asunto se viene alargando en exceso por motivos que en algún momento deberán hacerse públicos. La cuestión es que el asambleísta weenhayek, Federico Salazar, fue aparentemente revocado mediante un acto jurídico bajo los usos y costumbres indígenas, lo cual quedó recogido en un acta de lo más tradicional, en el mes de diciembre de 2021. Esto ha sido la base para una Acción Popular admitida por el Tribunal Constitucional en primera instancia, que ha instado al Tribunal Electoral Departamental a accionar, es decir, a negar los curules de Salazar y su suplente, elegidos en un acto supervisado por el TED, y revocarlo en un acto sin más garantías que un acta.

Posteriormente, el propio pueblo weenhayek ha demostrado que el acta contiene errores de bulto además de actos de mala fe: firman niños, firman personas que ya no viven en las comunidades y firman incluso fallecidos, pero esto no ha sido tomado en cuenta ni por la Sala Constitucional ni por el propio Tribunal Electoral Departamental, del que se presupone que es su tarea: velar porque los actos que hacen a la democracia tengan validez.

Mientras que se resuelven los recursos ante los diferentes tribunales de ámbito superior, la Asamblea Legislativa está paralizada, y ya se cumplen más de dos meses desde que inició un proceso de relevo sin que haya llegado a buen puerto, y ahí es donde se evidencian las estrategias. Es al MAS por sobre todas las cosas que no le interesa tener una Asamblea funcionando que haga el juego al gobernador Óscar Montes, anteponiendo así los intereses partidarios a los departamentales, que, en estos momentos de crisis mundial, incremento de precios del gas, pero pérdida de capacidad de producción y con Chuquisaca presionando para tener un nuevo acuerdo sobre el reparto de regalías, son ciertamente muchos.

El TED ha creado un problema por no actuar como un verdadero poder del Estado, pero tendrá que ser el Tribunal Supremo el que ponga en orden el despropósito. Tarija no tiene mucho que perder, pero el TED tiene aún menos margen para hacerse de dudar.