La ciudad de Potosí cumple hoy un paro de 24 horas declarado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) por un pliego de peticiones que incluye siete demandas. La medida de presión es, cuando menos, llamativa, porque algunos de los pedidos que la motivan ya han sido atendidos.

Para empezar está el tema del litio que, por sobradas razones, es el más importante de los temas a ser tratados no solo por cívicos sino autoridades, líderes políticos y población en general. En la reunión de consejo consultivo que declaró el paro, que se realizó el 24 de junio, se exigió la presencia de autoridades de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) para que informen sobre lo que está ocurriendo con el aprovechamiento de los recursos energéticos yacentes en el Salar de Uyuni y, también, que el Ministerio Público emita, de una vez, su imputación respecto al bullado caso de las 41 ambulancias.     

Lo primero que se dio fue la imputación, que incluso había sido anunciada a los cívicos en el viaje que ellos realizan a Sucre. La comisión de fiscales que investiga el caso imputó a funcionarios intermedios, pero no incluyó al gobernador, pese a su responsabilidad como Máxima Autoridad Ejecutiva. Las cosas no salieron como los cívicos esperaban, pero la imputación salió y, con eso, ese punto quedaba atendido.

El plazo para que YLB informe sobre el proceso para desarrollar tecnologías de Extracción Directa del Litio era el 30 de junio y, justo en esa fecha, no solo el presidente ejecutivo de esa empresa estratégica sino el propio viceministro de altas tecnologías energéticas estuvieron en Potosí para proporcionar amplia información en torno al tema. Se trataba, entonces de otra demanda atendida pero los cívicos no consideraron el asunto y decidieron ratificar el paro. El argumento es que, antes del 30 de junio, se había enviado una carta al presidente Luis Arce solicitando una reunión para considerar los pedidos potosinos, pero el mandatario no contestó.

Desde esa perspectiva, parecería que los cívicos resolvieron que iba a haber paro, incluso si todas las demandas eran atendidas a su satisfacción, un hecho de por sí preocupante si se toma en cuenta que Potosí es la ciudad que más paros ha soportado en el último tiempo y algunos con muy prolongada duración. El uso y abuso de esta medida ya ha sido criticado incluso por exdirigentes cívicos que advierten que los únicos perjudicados por las paralizaciones son los propios potosinos y, en la actual coyuntura, más aún porque todavía no han logrado superar los perniciosos efectos económicos del confinamiento.

¿En verdad que no se puede hacer otra cosa que parar y, así, ocasionar un perjuicio que no le llega directamente al Gobierno central, sino al emprendedor que intenta reponerse y, finalmente, al ciudadano de a pie? Desde luego que entre los pedidos están reivindicaciones justas, y algunas de larga data, pero, como apuntan los exdirigentes de Comcipo, parece que la actual dirigencia no ha terminado de leer la coyuntura actual, particularmente la económica.

Y, como ya lo apuntamos, en el centro de todo está el litio.

No hace falta repetir los machacones argumentos de que el litio está llamado a reemplazar a los combustibles de origen fósil. Lo que verdaderamente importa es que entre las demandas de Comcipo está el tema que debería ser la base para toda discusión: las regalías. 

Si la industrialización del litio arrancara mañana, Potosí y otras regiones productoras, como Oruro, recibirían apenas el 3 por ciento de los beneficios, porque esa es la alícuota fijada en el Código de Minería. Los cívicos ya han cuestionado el porcentaje y expresado que exigirán que, cuando menos, se modifique la base regalitaria del litio para que se pague a las regiones por lo menos el 11 por ciento que reciben los productores de hidrocarburos.

La pelea, entonces, debería apuntar por ahí, y sobre eso hablaremos en próximos editoriales.