A medida que se acerca la fecha fijada por el Gobierno para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, se hace imperioso debatir no solo sobre la utilidad de llevarlo adelante tal cual se ha previsto, o bien posponerlo para un momento, quizá, más oportuno.

Habrá que recordar que un censo no es simplemente un recuento poblacional, sino la cifra o las cifras oficiales sobre las cuales se asumen políticas de Estado como, por ejemplo, la distribución de escaños parlamentarios y la asignación de recursos públicos. Por tanto, antes de llevar adelante uno nuevo debemos ver qué tan preparado está el país para eso.

El último censo, el de 2012, se lo llevó adelante contra viento y marea. Si revisamos lo que ocurrió entonces, veremos que sus resultados no fueron de los mejores porque, incluso, se manejaron hasta tres cifras totales diferentes. Cuando se presentó el tercer informe, el Instituto Nacional de Estadística (INE) intentó justificar las nuevas señalando que se había procedido a una “revisión exhaustiva” de la base de datos, de los archivos físicos y los registros digitales de los datos censales. El resultado de 19 meses dedicados a esa tarea habría sido un incremento de nada menos que 32.602 personas en relación al segundo informe, el que se publicó con el rótulo de “oficial”, y de 362.659 personas del informe “preliminar”, el que fue presentado en enero de 2013 por el entonces presidente Evo Morales.

Tal como era de esperar, tan significativas variaciones no pasaron desapercibidas para quienes más rigurosamente vigilaron todo el proceso censal, desde sus etapas previas hasta los resultados que ahora se conocen. Y como también ya es habitual, las explicaciones del INE no fueron convincentes: solo sirvieron para confirmar que el proceso fue llevado a cabo en medio de graves deficiencias técnicas.

A la enorme confusión y falta de confianza que rodeó a los datos del censo publicados en 2021 y 2013 se sumaron los números que manejaba el Tribunal Supremo Electoral, y en los que se veía una enorme brecha entre la cantidad de personas inscritas para las elecciones y las que aparecía como consecuencia del recuento poblacional.

El censo de 2012 se realizó con muy serias dudas sobre la validez de la cartografía utilizada y, al final, el resultado fue que las cifras, lejos de dar una idea más precisa y actualizada de la realidad demográfica del país, multiplicaron la confusión, la incertidumbre y la desconfianza.

Desde entonces comenzaron las dudas sobre los procesos electorales. Si los datos básicos, a partir de los cuales se planificó todo el proceso del censo, no eran dignos de confianza, mucho menos debieron ser las decisiones que se tomaron a partir de ellos, lo que incluyó la modificación de escaños parlamentarios y la asignación de recursos de coparticipación tributaria.

Como se constató en su momento, los daños que la mala labor del INE le hizo al país son enormes y sus efectos negativos duran hasta nuestros días. Toda una lección acerca de lo funestas que pueden llegar a ser las consecuencias de la subordinación de las instituciones a los cálculos políticos circunstanciales y acerca de lo urgente que es revertir la tendencia que conduce de la institucionalidad al imperio de la arbitrariedad.

Incluso Santa Cruz, que se muestra ahora como el bastión opositor, no cuestionó los malos resultados porque le convenían. Lo que le interesaba a esa región era consolidar su crecimiento poblacional para ganar más escaños y tener más votos en el Congreso. Por eso los líderes cruceños no dijeron nada entonces. Por algo parecido está guardando silencio ahora.